Tensión en el Consejo General del Poder Judicial por la elección de vocales interlocutores
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido escenario de tensiones en su bloque progresista tras la elección de los dos vocales que se encargarán de la interlocución con las asociaciones judiciales. La decisión, tomada en el último pleno, ha generado controversia y acusaciones de pactos con el sector conservador.
Votación dividida y resultados sorprendentes
La votación resultó en la elección de Carlos Hugo Preciado, vocal propuesto por Sumar, y José Antonio Montero, vocal cercano al PP y considerado próximo a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. Ambos magistrados compartirán la responsabilidad de relacionarse con las asociaciones judiciales.
Esta elección ha causado malestar entre los demás vocales progresistas, quienes habían propuesto a Inés Herreros, también de Sumar, para uno de los puestos. Consideran que se ha formado un bloque “corporativista” que trasciende las ideologías y que supone un revés para la paridad en las designaciones judiciales.
Vocales con trayectoria asociativa
Tanto Montero como Preciado tienen vínculos con asociaciones judiciales. Montero está ligado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mientras que Preciado es afiliado a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de tendencia progresista.
Herreros, por su parte, cuenta con una larga trayectoria en la Unión Progresista de Fiscales, de la que fue presidenta.
Críticas y justificaciones
Herreros ha cuestionado la designación de dos personas “estrechamente vinculadas a dos asociaciones judiciales concretas”, argumentando que “empaña la debida apariencia de neutralidad”. También critica que se rompan los acuerdos iniciales de equilibrio y se ignore la igualdad de género.
Preciado, en un comunicado, defiende su elección y la de Montero por su “experiencia en las relaciones con asociaciones”. Además, argumenta que Herreros “no tiene experiencia previa en asociacionismo judicial”.
Otras votaciones controvertidas
Además de la elección de los vocales interlocutores, la presidenta Perelló y Preciado votaron junto al bloque conservador en contra de una propuesta sobre la interpretación de las reglas de provisión de plazas en las secciones de Familia, Infancia y Capacidad y de Violencia contra la infancia y la adolescencia.
Herreros considera que el acuerdo alcanzado “flexibiliza el nivel de especialización exigido por la nueva legislación en materia de infancia y rebaja los estándares inicialmente contemplados en el informe técnico”.
En el entorno de Preciado, sin embargo, argumentan que la propuesta de los progresistas era un “sin sentido” que penalizaba a jueces con experiencia en juzgados mixtos frente a aquellos con menos tiempo en juzgados especializados.
