El Gobierno valenciano defiende los privilegios de los expresidentes
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El Gobierno valenciano, presidido por Juan Francisco Pérez Llorca, se opone a modificar la ley que regula los privilegios de los expresidentes de la Generalitat. Esta normativa permite a Carlos Mazón, exmandatario, percibir un sueldo público durante dos años y contar con una oficina, chófer, seguridad y dos asesores.
El Ejecutivo del Partido Popular ha expresado su rechazo a la proposición de ley presentada por Compromís en las Corts Valencianes. Dicha propuesta busca impedir que Mazón forme parte del Consell Jurídic Consultiu, posición que le garantizaría un salario de casi 80.000 euros anuales durante dos años.
Argumentos del Consell
El Consell argumenta que no es necesario modificar “aspectos esenciales” de la ley, que tiene más de 20 años de antigüedad, ya que es similar a la legislación del Gobierno central y de otras comunidades autónomas.
Según el Consell, la oficina y los asesores son recursos “necesarios” para que los exjefes del Consell puedan “atender las necesidades de presencia social de acuerdo con la dignidad y el decoro de las altas funciones ejercidas”.
No obstante, el Gobierno valenciano reconoce que “podría ser oportuno, si es el caso, incorporar alguna precisión o limitación en la regulación”. Sin embargo, rechaza de manera contundente la eliminación de la oficina de expresidentes y la condición de miembro nato del Consell Jurídic Consultiu.
Próximos pasos
Aunque el criterio del Consell no es vinculante, sí manifiesta una postura clara. La medida aún debe ser debatida en las Corts Valencianes, donde el Partido Popular y Vox ostentan la mayoría. Se anticipa que la formación de ultraderecha votará en contra de la propuesta de Compromís.
