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La Fiscalía de Extremadura, en colaboración con los Colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz, ha puesto en marcha un protocolo destinado a impulsar la conformidad en casos penales, buscando con ello una mayor eficiencia en la administración de justicia.

Objetivo: Evitar juicios y agilizar procesos

El principal objetivo de esta iniciativa es reducir la celebración de juicios orales, agilizando así el proceso judicial tanto para la víctima como para el acusado. La conformidad implica la aceptación por parte del acusado de los hechos delictivos imputados y sus consecuencias jurídicas, incluyendo la pena y la responsabilidad civil correspondiente.

Francisco Javier Montero Juanes, fiscal superior de Extremadura, destacó que la iniciativa busca “agilizar y establecer cauces seguros y eficaces de conformidad”.

Este acuerdo, según explicó, permitirá reducir el número de juicios orales, aliviando la carga de trabajo de los tribunales y evitando citaciones innecesarias a testigos, peritos y víctimas. En resumen, se busca una justicia penal “más rápida y más eficaz”.

Beneficios para acusados y víctimas

Para el acusado, la aceptación de los hechos y la pena suele traducirse en una reducción de la condena en comparación con la solicitada inicialmente.

En cuanto a la víctima, el principal beneficio reside en evitar la revictimización que puede suponer un juicio oral. Luis Bohoyo, vicedecano del Colegio de Abogados de Cáceres, enfatizó que estos acuerdos “le están evitando un juicio que no deja de ser una revictimización”.

Ildefonso Seller, decano del Colegio de Abogados de Badajoz, señaló que el protocolo busca ahorrar trámites y costes a la Administración.

La conformidad puede alcanzarse en tres momentos clave: tras la finalización de la investigación judicial, con el escrito de acusación del fiscal o justo antes del juicio oral. De esta manera, se evitan las conformidades de última hora y se garantiza en todo momento el secreto profesional.

Un sistema judicial más ágil

Este tipo de medidas busca aliviar la carga del sistema judicial.

Bohoyo comentó que la justicia, debido a la gran cantidad de expedientes penales y su complejidad, a veces se mueve con lentitud. El vicedecano también mencionó otros desafíos para la profesión, como la necesidad de dignificar el turno de oficio, un servicio que considera “ínfimamente pagado” a pesar de ser un mandato constitucional.