Ábalos y Koldo buscan aplazar su juicio por el caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo
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El exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García apuran sus opciones legales para intentar aplazar el juicio por el caso de corrupción relacionado con la compra de mascarillas. Este jueves, el Tribunal Supremo celebra una audiencia preliminar clave donde las defensas buscarán impugnar la competencia del alto tribunal para enjuiciar el caso.
La estrategia de Ábalos y García se centra en cuestionar la jurisdicción del Supremo tras la renuncia de Ábalos a su escaño el pasado 28 de enero. Argumentan que, al no ostentar ya el cargo de diputado, el Supremo pierde la potestad para juzgarlos, debiendo el caso ser remitido a la Audiencia Nacional.
“Si no hay cargo, no hay fuero”, señala la defensa de Koldo García, argumentando que ambos acusados deben ser juzgados por el juez ordinario, como cualquier otro ciudadano. La defensa de Ábalos se ha adherido a este argumento, buscando que el Supremo resuelva esta cuestión de competencia antes de abordar el fondo del asunto.
De ser aceptada esta impugnación, el caso pasaría a la Audiencia Nacional, donde ya se investiga el resto de la trama de las mascarillas y los presuntos amaños de obra pública en los que también está involucrado el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán. Esto podría dilatar considerablemente el proceso judicial, dado el calendario más complejo de la Audiencia Nacional.
Este retraso podría beneficiar a Ábalos y García, quienes se encuentran en prisión preventiva desde noviembre. Uno de los argumentos del juez para justificar su encarcelamiento fue el riesgo de fuga ante la inminencia del juicio, en el que se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel.
Sin embargo, existe un precedente que juega en contra de sus pretensiones. En 2014, el Pleno de la Sala Segunda del Supremo estableció que, una vez dictado el auto de apertura de juicio oral, la competencia para juzgar el caso se mantiene en el tribunal correspondiente aunque se pierda el aforamiento. En el caso de las mascarillas, el auto de apertura de juicio oral se dictó en diciembre, antes de la renuncia de Ábalos.
La defensa alega indefensión y falta de garantías
Las defensas de Ábalos y García también argumentan que el traslado del caso a la Audiencia Nacional les permitiría ejercer su defensa con mayores garantías. Alegan que no han tenido acceso completo a los dispositivos con información clave para la causa, que se encuentran bajo custodia de la Guardia Civil.
Ábalos ha denunciado una investigación “clandestina” y ha afirmado que se ha visto obligado a defenderse “a ciegas”, al no haber podido analizar evidencias digitales importantes, como un disco duro hallado en la vivienda de Koldo García.
La defensa de García también ha cuestionado que su cliente vaya a tener que sentarse en el banquillo sin tener copia de los dispositivos que le fueron incautados durante su detención.
Aldama, el “nexo corruptor”, busca una rebaja de condena
En la audiencia preliminar se analizarán los contratos de mascarillas adjudicados a la empresa de la trama y la contratación en empresas públicas de una expareja de Ábalos. También se examinará la relación de Ábalos y García con el empresario Víctor de Aldama, considerado por la Guardia Civil como el “nexo corruptor”.
A diferencia de Ábalos y García, Aldama ha reconocido los delitos y busca una rebaja de condena a cambio de su “colaboración proactiva”. Ha admitido haber pagado mordidas a cambio de contratos públicos y ha afirmado haber entregado dos millones de euros a Ábalos y 500.000 euros a Koldo García.
La Fiscalía ha valorado la información aportada por Aldama, lo que le ha permitido salir de la cárcel y afrontar una menor petición de cárcel: siete años, frente a los 24 que se piden para Ábalos y los 19 y medio para García.
