Andalucía reduce las sanciones por opacidad: La Ley de Transparencia se debilita
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El gobierno de Juan Manuel Moreno ha generado polémica al modificar la Ley de Transparencia de Andalucía, disminuyendo las sanciones para altos cargos que impidan el acceso a la información pública.
Aprobación en el Parlamento: La reforma fue aprobada en el pleno del Parlamento andaluz, equiparando la normativa autonómica a la estatal, que tiene un régimen de infracciones menos severo.
Un paso atrás en transparencia: La Ley de Transparencia autonómica de 2014 había sido un avance, estableciendo sanciones más duras para quienes obstaculizaran el acceso a la información. Incluía multas de hasta 400.000 euros e inhabilitación para cargos públicos.
La “enmienda intrusa”: El cambio se realizó a través de una enmienda en la nueva Ley Universitaria para Andalucía. Esta enmienda suprime artículos clave de la Ley de Transparencia, remitiendo las sanciones al marco estatal.
Justificación del PP: El Partido Popular justifica la reforma como una “mejora técnica”. Sin embargo, la oposición critica que se vacía el sistema sancionador autonómico.
Cambios en el Consejo de Transparencia
La reforma también afecta al Consejo de Transparencia de Andalucía. Se elimina la potestad del director para iniciar expedientes disciplinarios, trasladando estos procedimientos a la administración general.
Rol del Consejo: El Consejo de Transparencia vela por el acceso a la información pública y supervisa diversas instituciones, desde el Parlamento hasta entidades privadas que prestan servicios públicos.
Falta de información: Ni el Consejo de Transparencia ni el Gobierno andaluz han revelado cuántos altos cargos han sido multados desde 2014 ni cuántas solicitudes de expedientes sancionadores se han realizado.
Críticas de la oposición: Los grupos de la oposición denuncian que el PP ha modificado la ley “por la puerta de atrás” mediante una enmienda controvertida.
Debate político: La modificación de la Ley de Transparencia ha generado un fuerte debate político, recordando críticas previas del PP al Gobierno central por iniciativas similares.
Reacciones socialistas: Durante la tramitación de la Ley Universitaria, el PSOE acusó al PP de buscar eximir de sanciones a altos cargos incumplidores de la Ley de Transparencia.
