El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia con el apoyo del PSOE, Junts y la derecha
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El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de multirreincidencia, una medida que endurece las penas para delitos menores cometidos de forma reiterada, como el hurto de teléfonos móviles. La votación ha resultado en una alianza inusual, con el PSOE sumando sus votos a los de Junts y la derecha para sacar adelante la ley.
Esquerra Republicana se abstuvo, mientras que el resto de socios de izquierda votaron en contra. El resultado final fue de 302 votos a favor, incluyendo al PNV, 36 votos en contra de Sumar, Podemos y el BNG, y la abstención de los independentistas catalanes y Coalición Canaria.
Un acuerdo clave para la estabilidad legislativa
Esta ley era uno de los principales compromisos que el PSOE adquirió con Junts para asegurar la estabilidad de la legislatura. El texto, registrado por Junts, contaba con el apoyo garantizado desde diciembre, cuando se alcanzó un acuerdo con el PSOE en la ponencia.
Durante el debate, grupos de izquierda criticaron a los independentistas catalanes por dejarse arrastrar ideológicamente por el ascenso de Aliança Catalana, recordando que Vox ya había registrado una ley similar en 2022, utilizada para vincular la delincuencia con la inmigración.
¿Qué busca la ley de multirreincidencia?
La multirreincidencia se refiere a la comisión repetida de un mismo delito, especialmente pequeños robos o hurtos. Junts argumenta que la ley responde a las quejas de alcaldes catalanes que desde 2021 denuncian una “alarma social” por una “oleada de delitos” cometidos por un “reducidísimo grupo de personas”.
El Código Penal ya contempla castigos más severos para quienes cometen robos de forma continua. Si una persona es condenada por hurto en más de tres ocasiones y el valor de lo robado supera los 400 euros, se le impondrá una pena de prisión de seis a dieciocho meses, en lugar de una multa.
La propuesta de Junts, respaldada por enmiendas pactadas, busca que el delincuente sea condenado con pena de prisión si acumula “tres delitos de la misma naturaleza”, incluso si uno de ellos es leve y el valor de lo sustraído es inferior a 400 euros.
La ley aprobada por el Congreso también plantea que los hurtos “menos graves o graves” continuados (a partir de tres condenas) sean castigados con penas de uno a tres años, aplicando esta horquilla a los robos de teléfonos móviles.
Reacciones políticas
Marta Madrenas, diputada de Junts, celebró la aprobación de la ley, afirmando que “nace de los territorios y no de los despachos” y que es una respuesta a una “realidad incontestable”.
El PP aprovechó el debate para criticar al Gobierno y a los migrantes, cuestionando si se otorgaría la residencia a multirreincidentes con la regularización y acusando al Ejecutivo de convertir la regularización en un “coladero para delincuentes”.
Esquerra Republicana, aunque no está de acuerdo con el espíritu de la ley, se abstuvo a petición de alcaldes del partido preocupados por este asunto. Pilar Vallugera, diputada de ERC, afirmó que “la realidad no se cambia a golpe de código penal” y que los datos muestran una reducción de los delitos.
En paralelo, Esquerra Republicana alcanzó un acuerdo con el Gobierno para aumentar el número de jueces en Cataluña, con 91 nuevas plazas en 2026 y otras 90 en 2027, garantizando que la nueva regulación sobre multirreincidencia vaya acompañada de más recursos y capacidad para actuar.
Críticas desde la izquierda
Sumar ha calificado la ley de “delirio populista”. Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, criticó que se endurezca el Código Penal para delincuentes de poca monta mientras no se solucionan problemas como la derogación de la ley mordaza o la vivienda.
Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, advirtió que el endurecimiento de penas no sirve para prevenir los delitos y que España ya tiene una de las poblaciones carcelarias más altas de Europa.
Podemos también criticó la ley, tildándola de “racista” y “clasista” y acusando al Gobierno de imponer un “populismo punitivo” contra los “robagallinas” mientras deja fuera a los multirreincidentes de grandes delitos.
El PSOE se defendió de las críticas, asegurando que su compromiso es firme para atajar la multirreincidencia sin caer en el “punitivismo” ni en los discursos “racistas y xenófobos de la ultraderecha”.
