Foto: Archivo – Todos los derechos reservados

El partido Compromís per València ha puesto en evidencia que varios apartamentos turísticos que el gobierno municipal de María José Catalá asegura haber clausurado, siguen operando con normalidad. Para demostrarlo, alquilaron uno de estos apartamentos en la Malva-rosa durante dos noches a través de una plataforma online.

Un apartamento “clausurado” disponible en Booking

Según Compromís, la vivienda forma parte de los “1.000 pisos ilegales que María José Catalá dice que ha cerrado”. Sin embargo, la formación valencianista pudo reservarlo sin problemas, una situación que afirman se repite en otros casos. Esto contradice las declaraciones de Catalá sobre una supuesta reducción del 14% de apartamentos turísticos.

Papi Robles, concejala de Compromís, declaró: “Estamos en uno de los apartamentos que Catalá dice que ha cerrado.

Ni son 1.000, ni están cerrados. Es una operación de propaganda que no resiste la prueba de los hechos. La alcaldesa miente”.

Dificultades para acceder a la información

Compromís solicitó al Ayuntamiento el listado completo de los apartamentos supuestamente clausurados, pero inicialmente se les negó el acceso. Tras la intervención de la Mesa del Pleno y el Síndic de Greuges, el consistorio entregó un documento PDF con las direcciones, pero sin una sistematización que facilitara su verificación.

“Si pensaban que con un PDF farragoso nos conformaríamos, es que no conocen a Compromís”, afirmó Robles.

La coalición analizó el documento y asegura que el listado no alcanza los 1.000 casos anunciados, sino que se queda en poco más de 800. Además, muchas de las resoluciones no son órdenes de cierre, sino simples actas de inspección.

“Su política es papel mojado: no protege al vecindario frente a los abusos, no hace cumplir la legalidad y siempre trabaja para favorecer a los especuladores, a quienes nos están expulsando de nuestros barrios”, añadió Robles.

El apartamento, denunciado y con orden de cierre, seguía en funcionamiento

El apartamento alquilado por Compromís fue denunciado en abril de 2024 por la Policía Local y recibió una orden de cierre en mayo del mismo año. A pesar de ello, en noviembre de 2024 fue dado de alta en el registro de la Generalitat como vivienda turística, en plena moratoria municipal. Y dos años después, seguía funcionando con normalidad.

“Lo hemos podido alquilar sin ningún problema.

Esto es lo que vive el vecindario cada día: anuncios de cierres que no se cumplen y pisos que siguen operando como si nada”, denunció Robles, recordando que Compromís ha presentado miles de denuncias de apartamentos ilegales.

La respuesta del gobierno municipal

El gobierno municipal defiende que en dos años ha logrado reducir el número de apartamentos turísticos en un 14%, según datos del sistema de inteligencia turística de la Fundación Visit Valencia. Desde la aprobación de la moratoria en mayo de 2024, el número de apartamentos registrados en la base de datos de Visit Valencia se ha reducido de 10.516 a 9.057.

Paula Llobet, concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones, criticó la gestión de los anteriores gobiernos de Compromís y PSPV, acusándolos de dejar una situación “caótica” sin una regulación clara ni inspecciones efectivas. Según Llobet, la Policía Local y el Servicio de Licencias Urbanísticas han interpuesto más de mil denuncias en los últimos dos años, frente a las 115 tramitadas en los ocho años del gobierno anterior.

“Estamos combatiendo el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales con acciones y determinación y elaborando una normativa que, desde la seguridad jurídica, ponga freno a la proliferación de estos apartamentos”, afirmó Llobet.

El gobierno municipal también señala que la proliferación de apartamentos turísticos se inició entre 2015 y 2023, durante los gobiernos de Ribó y PSOE, y que en 2018 se aprobó un cambio en el planeamiento urbanístico para permitir la apertura de apartamentos turísticos en bajos comerciales, algo que hasta entonces estaba prohibido.