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Nombramiento polémico en el Instituto del Patrimonio Cultural de España
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
La designación de Marisa Sánchez Gómez como subdirectora general adjunta del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) ha generado controversia y ha llegado al Congreso de los Diputados. El Partido Popular ha presentado una batería de preguntas al Ministerio de Cultura, liderado por Ernest Urtasun, para que explique las razones por las que se anunció dicho nombramiento antes de que la plaza fuera convocada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Cuestionamientos del Partido Popular
El PP cuestiona la validez del procedimiento de designación, argumentando que el anuncio previo al BOE podría influir en el proceso, ya que cualquier persona interesada en el puesto estaría al tanto del resultado de antemano. Los populares preguntan si Sánchez Gómez ya está desempeñando funciones y recibiendo remuneración por un cargo que oficialmente sigue vacante, y en caso afirmativo, desde qué fecha percibe salario del IPCE.
Además, el PP exige que el Ministerio de Cultura explique qué medidas tomará para reparar el daño reputacional causado al IPCE por esta “irregular libre designación”.
Antecedentes del nombramiento
El 10 de febrero se publicó en el BOE una resolución que convocaba, por el sistema de libre designación, el puesto número dos en el IPCE, abriendo un plazo de quince días para que los funcionarios que cumplieran los requisitos presentaran su candidatura. Sin embargo, seis días antes, el 4 de febrero, el IPCE había informado en una nota oficial de que Marisa Sánchez Gómez ejercería como adjunta del nuevo subdirector general, Fernando Sáez Lara.
Ambos se dirigieron a la plantilla para presentar sus líneas de trabajo y la institución difundió la noticia con fotografías.
La libre designación en el punto de mira
Aunque la designación de cargos por parte de Cultura mediante la libre designación es una práctica habitual, en este caso el ministerio no ha guardado las formas, lo que ha generado críticas. Urtasun había incluido en el Plan de Derechos Culturales el compromiso de elaborar un Código de Buenas Prácticas con “principios de transparencia y criterios claros para la dirección de instituciones culturales”.
El IPCE y sus retos
El IPCE, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, tiene encomendada la investigación, conservación y restauración del patrimonio cultural español. En los últimos años, la institución ha enfrentado desafíos, como los daños sufridos por la colección de negativos de Jean Laurent debido a un fallo en el sistema de climatización del edificio Corona de Espinas.
Esta reforma, que costó 1,5 millones de euros, provocó un exceso de humedad durante semanas que afectó a miles de placas históricas. La Fiscalía señaló entonces la falta de adopción de «medidas eficaces» por parte de la dirección, aunque la causa terminó archivada al haber prescrito el posible delito.
La crisis se saldó con la salida de la subdirectora general.
En paralelo, el ministerio abrió un expediente disciplinario contra el conservador que denunció los daños, expediente que finalmente ha quedado suspendido después de que el trabajador obtuviera el estatus de informante protegido. Tres años después de los hechos, Cultura ha licitado un contrato para «evaluar, limpiar y digitalizar» 8.870 negativos. Cultura reconoce un proceso de corrosión vítrea –microfisuras y pérdida de transparencia–, aunque sin vincularlo expresamente con el fallo de climatización.
