El Gobierno español busca acercamiento con Junts a dos semanas de votación clave
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El gobierno de Pedro Sánchez está intensificando sus esfuerzos para reconstruir la mayoría parlamentaria, especialmente de cara a la crucial votación del decreto del escudo social, prevista para el 26 de febrero. Sin embargo, Junts, el partido de Carles Puigdemont, se mantiene como un obstáculo significativo.
Desde la ruptura de relaciones a finales de octubre, motivada por supuestos incumplimientos del acuerdo firmado en Bruselas, el Gobierno asegura no mantener conversaciones directas con Junts. A pesar de gestos como la aprobación de la ley contra la multirreincidencia y los informes favorables a la amnistía por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Moncloa reconoce que estos esfuerzos son insuficientes para garantizar el apoyo de Junts al decreto del escudo social.
Junts niega acercamiento pese a la aprobación de la ley contra la multirreincidencia
Fuentes gubernamentales afirman que el cumplimiento de los acuerdos contribuye a generar confianza, aunque reconocen que la aprobación de la ley contra la multirreincidencia no representa un avance significativo en el acercamiento con Junts. Subrayan además que esta ley salió adelante con el respaldo del PSOE y la derecha, y la abstención de ERC, en una “aritmética extraña”.
Por su parte, Junts niega rotundamente que la aprobación de esta ley suponga un acercamiento al PSOE. “No ha cambiado nada. No hay acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente”, señalan desde la formación independentista, que percibe un cambio de actitud en el Gobierno desde su decisión de romper relaciones en octubre.
Incertidumbre ante la votación del decreto del escudo social
El Gobierno desconoce si Junts finalmente apoyará el decreto del escudo social. Míriam Nogueras, líder del grupo parlamentario de Junts, ha reiterado su rechazo, argumentando que el decreto incluye medidas de desahucio. A pesar de la flexibilización de la prohibición de desahucios en la negociación con el PNV, Junts mantiene su postura.
Fuentes gubernamentales insisten en que Junts suele mezclar cuestiones ajenas al texto en las negociaciones, lo que alimenta la esperanza de un posible entendimiento. Sin embargo, Junts niega cualquier tipo de negociación. El PSOE mantiene la esperanza de que el decreto salga adelante, recordando que “15 días en el Congreso es una legislatura en cualquier ayuntamiento normal”.
Presupuestos Generales del Estado: el gran desafío
La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado representa el principal desafío para el Gobierno. A pesar de las dificultades, el Gobierno planea presentar los presupuestos en el primer trimestre del año. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de defenderlos, a menos que se convoquen elecciones anticipadas en Andalucía, lo que podría obligarla a abandonar el Consejo de Ministros.
Estancamiento en el traspaso de competencias migratorias
En el contexto de la preparación de las cuentas públicas, el Gobierno ha logrado acercamientos con algunos de sus socios, como ERC y Podemos. Sin embargo, el traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña, una de las exigencias de Junts, sigue sin avances significativos.
Además de la ejecución presupuestaria y las balanzas fiscales, Junts exige la oficialidad del catalán en la UE, una medida que enfrenta la oposición de varios países, entre ellos Alemania. El Gobierno acusa al PP de boicotear esta iniciativa a través de su familia política europea.
El Gobierno considera que la amnistía y el regreso de Puigdemont podrían ser un incentivo para acercar a Junts. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se espera para esta primavera, tras el respaldo del abogado general, y el Tribunal Constitucional se pronunciará próximamente sobre la aplicación de la amnistía al caso del expresidente catalán. A pesar de estos gestos, la puerta de Junts sigue cerrada para el Gobierno.
