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El Ayuntamiento de Lugo ha presentado formalmente su candidatura al programa 2% Cultural ante el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con el objetivo de obtener los fondos necesarios para la creación del Museo de la Romanización de Galicia en el antiguo Cuartel de San Fernando. El alcalde, Miguel Fernández, ha calificado esta iniciativa como una “vía alternativa” ante la falta de progreso por parte de la Xunta de Galicia.

Fernández ha expresado su pesar por la “marginación” que, según él, sufre la ciudad por parte del gobierno autonómico en este asunto.

Ha defendido que la creación del museo no es un mero deseo local, sino una deuda histórica con una ciudad referente del legado romano en el noroeste peninsular.

La solicitud presentada al Ministerio contempla una inversión total de 15.201.235,59 euros, buscando una subvención estatal del 75%. El Ayuntamiento se compromete a cofinanciar el resto, habiendo ya destinado una partida de 3,8 millones de euros en el presupuesto de este año.

Rehabilitación Integral del Cuartel de San Fernando

El proyecto se centra en la rehabilitación integral del edificio, que cuenta con 4.240 metros cuadrados, para convertirlo en un centro de conservación y divulgación del legado romano-castrexo.

Este espacio albergará e investigará las más de 15.000 piezas arqueológicas recuperadas en la ciudad desde los años 90. El alcalde Fernández ha señalado que la conservación y custodia de estas piezas es competencia de la Xunta, pero que esta no la asume.

Un Proyecto con Trascendencia Supralocal

La candidatura impulsada por la Alcaldía destaca la trascendencia supralocal que tendrá el futuro museo.

El alcalde ha recordado que, a principios de siglo, bajo la presidencia de Manuel Fraga, la Xunta se comprometió con este proyecto, un compromiso que, según él, “inexplicablemente dejó de considerarse prioritario a partir de 2012”.

Críticas a la Xunta

Fernández ha lamentado que otros proyectos arqueológicos impulsados en Galicia por el gobierno del PP en aquella época ya son una realidad en Pontevedra, Ourense y A Coruña, mientras que en Lugo “la Xunta no dio ni un solo paso a pesar del clamor social y de nuestras reiteradas demandas institucionales, que lamentablemente no obtuvieron respuesta efectiva”.