El Gobierno español busca frenar la privatización en sanidad, educación y formación profesional
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El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado una ofensiva para frenar la creciente privatización de los pilares básicos del estado del bienestar: la universidad, la sanidad y la formación profesional (FP). Esta iniciativa responde a las demandas de la izquierda y se enfrenta a la resistencia del Partido Popular (PP), que defiende la privatización en todos los frentes.
Batalla ideológica contra la derecha ultraliberal
Estas medidas forman parte de una batalla ideológica contra la derecha ultraliberal, representada fundamentalmente por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. El Gobierno central ha respondido a cada acción del gobierno regional en contra de los derechos o servicios públicos con medidas de protección. Por ejemplo, cuando el PP de Madrid aceptó una propuesta de Vox para obstaculizar el derecho al aborto, el Ejecutivo central contraatacó con medidas para blindar este derecho en la Constitución.
En Moncloa confían en que este mensaje cale en la ciudadanía, aunque los resultados electorales recientes en Aragón y Extremadura no han sido favorables para esta estrategia. A pesar de la complejidad que supone la minoría parlamentaria de la coalición gubernamental, la intención es seguir dando la batalla en el terreno ideológico.
Uno de los desafíos es la necesidad de contar con el apoyo de fuerzas de derecha como el PNV y Junts, este último actualmente distanciado del Gobierno. Además, el PP ha manifestado su intención de oponerse a la privatización mediante iniciativas parlamentarias y recursos judiciales.
El Gobierno sostiene que la ultraderecha se frena con políticas. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que se está haciendo “más política frente al intento de avance de la anti-política”. En el último Consejo de Ministros se aprobaron medidas como el combate a la privatización sanitaria, las multas por el ‘spam telefónico’ de las energéticas y la prohibición de las subidas exageradas de precios en casos de emergencia.
La estrategia de la privatización según Pedro Sánchez
Hace casi un año, Pedro Sánchez explicó cómo los gobiernos del PP han minado lo público para impulsar lo privado: “Primero recortan recursos para minar su funcionamiento y, después, se cuestiona su servicio y calidad, precisamente afectados por los recursos que se detraen. Finalmente, cuando el deterioro es evidente, presentan la privatización como única salida”.
La comunidad educativa ha recibido con beneplácito estas medidas, aunque algunos consideran que no son lo suficientemente ambiciosas. Enrique Díez, catedrático de la Universidad de León, señala que en los últimos años se ha sometido a las universidades públicas a un proceso de competencia permanente, lo que ha llevado a la mercantilización de la educación superior.
Díez aboga por la supresión de lo privado en los bienes comunes y los derechos sociales, argumentando que no puede haber beneficio, ánimo de lucro y usura en ámbitos como la salud y la educación.
El avance de la privatización en la educación
La privatización en la educación avanza de manera constante. El estancamiento de la oferta pública en la FP y la universidad, junto con el aumento de la demanda de formación, han propiciado la entrada de todo tipo de actores, especialmente fondos de inversión, para ocupar el espacio que el sector público ha dejado libre.
El Gobierno comenzó a actuar en el ámbito universitario en octubre, cuando el Congreso aprobó la reforma del real decreto 640/2021, endureciendo las condiciones para la creación de nuevas universidades. El Ministerio de Universidades de Diana Morant busca evitar que se creen “chiringuitos” universitarios que ofrezcan títulos sin garantías.
Se pretende complementar esta iniciativa con medidas en la FP, otro sector donde la privatización ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. El presidente Sánchez anunció que se pondrán límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías, utilizando un argumento similar al empleado para la universidad.
Sanidad: frenar las “garras especuladoras”
El plan en sanidad sigue la misma línea: no revertir lo ya privatizado, sino establecer límites y mecanismos de control a un modelo instaurado hace 30 años que ha permitido a los grandes grupos de la sanidad privada hacer negocio a costa de la insuficiencia de recursos públicos.
Una ley de 1997 permitió a las comunidades autónomas apoyarse en el sector privado, externalizando la gestión de centros hospitalarios públicos y subcontratando servicios y tratamientos. Como resultado, la red pública está cada vez más en manos privadas, y las empresas obtienen beneficios de los presupuestos de las administraciones regionales.
El Ministerio de Sanidad ha presentado un informe que señala que el gasto público en sanidad privada se ha disparado un 84% entre 2011 y 2023, debido a que uno de cada tres hospitales de la red pública está gestionado por una empresa.
El anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) plantea requisitos para las nuevas privatizaciones, como justificaciones a las externalizaciones de gestión de hospitales, auditorías a las cuentas y la obligación de priorizar a entidades sin ánimo de lucro. La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que se protegerá al Sistema Nacional de Salud de las “garras especuladoras y privatizadoras”.
No obstante, la aprobación de esta ley en un Congreso fragmentado no está garantizada, ya que requiere el apoyo de partidos que han impulsado la privatización sanitaria en sus territorios.
