MORENO ELIMINA EL RÉGIMEN SANCIONADOR QUE USÓ EN LA OPOSICIÓN PARA DENUNCIAR A MONTERO POR FALTA DE TRANSPARENCIA
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El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha suprimido el régimen sancionador de la Ley andaluza de Transparencia, norma que su propio partido utilizó en la oposición para denunciar a la Junta por restringir el acceso a la información pública. Esta acción culminó con la apertura del primer expediente sancionador contra el entonces Ejecutivo andaluz por falta de transparencia.
El Partido Popular andaluz ha empleado una enmienda al proyecto de Ley de Universidades de Andalucía, aprobado recientemente en el Parlamento, para modificar una parte sustancial de la Ley de Transparencia autonómica. Esta reforma elimina los artículos que regulaban las sanciones contra los altos cargos de las administraciones por restringir el libre acceso a la información pública, una potestad que hasta ahora correspondía al Consejo Andaluz de la Transparencia.
Esta decisión resulta llamativa, ya que fueron los populares, bajo el liderazgo de Juanma Moreno, quienes primero hicieron valer ese régimen sancionador para denunciar a la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, por incumplir los mismos artículos de la Ley de Transparencia.
El primer expediente sancionador incoado a la Junta
El 28 de octubre de 2016, el grupo parlamentario del PP en el Parlamento andaluz presentó una denuncia ante el Consejo de Transparencia contra la Consejería de Hacienda, dirigida entonces por María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.
Los populares denunciaron el “incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa”, argumentando que el departamento de Montero no había publicado en el Portal de Transparencia de la Junta el anteproyecto de ley de Presupuestos para Andalucía del año 2017, a pesar de que el Consejo de Gobierno ya había remitido dicho anteproyecto al Consultivo para su dictamen.
El PP solicitó al Consejo de Transparencia que adoptara las medidas oportunas para evitar que en posteriores ocasiones no se publicaran estos documentos.
Además, apelaron al artículo 57 de la Ley andaluza de Transparencia para que el Consejo incoase un procedimiento sancionador y fijase “los responsables, las infracciones y, en su caso, las sanciones oportunas por el incumplimiento reiterado” de la ley. Paralelamente, acusaron a Montero de obstaculizar la fiscalización de las cuentas públicas.
El régimen sancionador, un elemento diferenciador
En la legislatura del último Gobierno del PSOE en Andalucía, la diputada Teresa Ruiz Sillero, hoy senadora, fue una de las que impulsó la denuncia por incumplimiento de la Ley de Transparencia. En un artículo especializado, Ruiz Sillero destacó el régimen sancionador específico de la Ley andaluza de Transparencia como un “elemento diferenciado”.
Para justificar la no publicación del proyecto de Presupuestos en el día previsto, el departamento de Montero alegó “la especificidad” de la ley y “la celeridad” con la que se tramita. La ministra de Hacienda calificó de “exagerada y alarmista” la exigencia del PP de abrir un expediente sancionador por no publicar una materia en un día exacto.
El Consejo andaluz de Transparencia dio la razón al PP y ordenó a la Consejería de Hacienda que publicase cuanto antes el anteproyecto de ley presupuestaria. Sin embargo, en la misma resolución, el director del Consejo no se pronunció sobre la petición del PP para que se incoase un procedimiento sancionador contra la Junta, lo que llevó al PP a interponer un recurso de reposición.
Cambios en las políticas de transparencia del PP andaluz
La capacidad de dictar resoluciones “con fuerza vinculante” era la competencia “más relevante” que otorgaba la Ley andaluza de Transparencia al director del Consejo, hasta que el Gobierno de Moreno ha decidido retirarle dicha potestad y suprimirla de la norma, mediante una enmienda a una ley sobre política universitaria.
Durante los últimos años de oposición, el PP de Moreno aprovechó el régimen sancionador de la Ley de Transparencia, que ahora, desde el Gobierno, ha decidido eliminar.
La relación del PP andaluz con las políticas de transparencia ha cambiado desde que están en el Palacio de San Telmo. Los de Moreno suelen argumentar que todos los contratos sanitarios a dedo con clínicas privadas están disponibles en el Portal de Transparencia de la Junta.
En realidad, la mayoría de expedientes públicos se empiezan a volcar en los servidores digitales de la Junta a partir de la Ley estatal de Transparencia (2013) y del desarrollo de la ley andaluza, de 2014.
Ni el Consejo de Transparencia ni el Gobierno andaluz han querido responder a cuántos altos cargos se han multado desde que entró en vigor la ley ni cuántas veces ha pedido el Consejo la apertura de un expediente sancionador y a qué administraciones.
La “paradoja” de estar en manos del órgano infractor
Con el procedimiento ya abierto contra la Junta por parte del Consejo de Transparencia, el PP llevó el asunto al Pleno en el Parlamento con varias preguntas orales dirigidas a Montero. La entonces consejera de Hacienda reconoció que se llegó a tomar “declaración y testimonio” a casi todos los empleados de su departamento que intervienen en la tramitación del presupuesto, pero nunca se reveló si algún cargo público fue multado. El expediente sancionador concluyó sin fijar ni la posible infracción cometida y sin ninguna propuesta de sanción.
Ante las reiteradas denuncias, el Consejo de Transparencia terminó fijando el criterio a seguir cuando se solicita la apertura de un expediente sancionador previsto en el artículo 57 de la ley (recién suprimido): la tramitación del expediente sancionador quedaba en manos del mismo órgano que supuestamente había incumplido la Ley de Transparencia, con la única obligación de comunicar el resultado al Consejo.
José María Pérez Monguió, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, destacó en uno de sus artículos esta “paradoja”. Defendió que el grado de exigencia en materia de transparencia debe ser mayor para las “autoridades” que para los funcionarios, distinguiendo la responsabilidad de los altos cargos de la administración que ocupan puestos de “confianza política” de los “empleados públicos profesionales”.
