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Las ciberestafas telefónicas, cada vez más sofisticadas y difíciles de rastrear, se han posicionado como uno de los delitos de mayor crecimiento en España. La Guardia Civil advierte sobre la evolución constante de las tácticas empleadas por los delincuentes, quienes buscan explotar la confianza de los ciudadanos en instituciones públicas o apelar a la simple curiosidad generada por una llamada perdida.

El auge de la “Estafa de la Llamada Perdida”

Una de las modalidades que ha experimentado un aumento preocupante es la “estafa de la llamada perdida”, que afecta tanto a usuarios particulares como a empresas. El mecanismo es aparentemente simple, pero altamente efectivo: los estafadores realizan una llamada breve desde un número desconocido, a menudo con apariencia internacional o de tarificación especial. La llamada se corta antes de que la víctima pueda responder, buscando despertar su curiosidad para que devuelva la llamada.

Al hacerlo, se activa el fraude, ya que el número pertenece a una línea de tarificación adicional con costos elevados por minuto.

Suplantación de Identidad y Números Oficiales

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre la diversificación de estos engaños. Los estafadores utilizan nuevas tecnologías para suplantar números y servicios oficiales, haciéndose pasar por organismos públicos o empresas reconocidas. Un ejemplo reciente es la suplantación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), donde los delincuentes manipulan los resultados de los buscadores en Internet para que su número fraudulento aparezca entre los primeros resultados cuando los usuarios buscan el contacto del SEPE.

Una vez que la víctima llama al número falso, los estafadores simulan ser empleados del servicio y solicitan datos personales para “verificar la identidad”. Luego, indican a la víctima que debe contactar con otro “departamento” y le facilitan un nuevo número, que en realidad corresponde a una línea de pago, generalmente comenzando por 807.

Durante esta segunda llamada, los delincuentes buscan prolongar la conversación, manteniendo al usuario en espera, inventando problemas informáticos o prometiendo resolver su consulta “en unos minutos”, mientras el contador económico sigue corriendo.

La OCU señala que estas líneas pueden cobrar entre 1 y 3 euros por minuto, lo que puede resultar en un coste cercano a los 50 euros en una llamada de 15 a 20 minutos. Además, muchos delincuentes intentan que la víctima vuelva a llamar, utilizando argumentos como “la llamada se cortó antes de finalizar el trámite” o “necesitamos verificar un último dato”, repitiendo el fraude varias veces con la misma persona.

Recomendaciones de la Guardia Civil y la OCU

La Guardia Civil recomienda extremar la precaución ante llamadas de números desconocidos o que comiencen con prefijos sospechosos. También aconseja evitar devolver llamadas perdidas sin verificar previamente su procedencia, especialmente si son de numeraciones extranjeras o de tarificación adicional. Se recuerda que ninguna institución pública solicita pagos, datos bancarios o llamadas a números de coste elevado.

Para evitar caer en estos engaños, los expertos sugieren comprobar siempre los números de contacto oficiales en las páginas web institucionales y desconfiar de cualquier número que no aparezca en los canales verificados. También conviene informar de estos casos a la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) o a las propias fuerzas de seguridad, con el fin de ayudar a rastrear y desmantelar las redes de fraude telefónico.

El aumento de estas estafas demuestra cómo los ciberdelincuentes adaptan constantemente sus métodos para aprovechar las vulnerabilidades del usuario común.

Ante este escenario, la prevención y la educación digital se consolidan como las herramientas más efectivas para frenar el avance de este tipo de delitos.