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La Generalitat de Catalunya y la Iglesia catalana han formalizado un acuerdo sin precedentes con el objetivo de mitigar la acuciante crisis de vivienda que afecta a la región. La iniciativa central de este pacto es la movilización del patrimonio inmobiliario eclesiástico para destinarlo al alquiler social, ofreciendo una solución asequible a aquellos que más lo necesitan.

Un Problema de País Requiere Soluciones Conjuntas

La dificultad en el acceso a la vivienda es una problemática que afecta a una parte significativa de la población catalana, especialmente a los jóvenes que buscan establecer sus proyectos de vida. Según datos de la Iglesia, este problema impacta de alguna manera a casi un 25% de la población. Ante esta realidad, el acuerdo se presenta como una respuesta coordinada de la sociedad catalana en su conjunto, más allá de las acciones aisladas del Govern.

Joan Planellas, presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, destacó el respaldo unánime de todos los obispos de las diócesis catalanas a esta iniciativa.

Subrayó que la vivienda es un “tema de país” y que requiere la implicación de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, en la búsqueda de soluciones.

Cooperación por Encima de la Polarización

Desde la Conferencia Episcopal Tarraconense se ha hecho un llamado a la cooperación y a dejar de lado las divisiones. Se insta a la sociedad a sumar esfuerzos en lugar de polarizar la política, reconociendo que la colaboración es esencial para abordar con eficacia un desafío de esta magnitud. La firma del acuerdo representa un gesto tangible de esta voluntad de trabajar juntos, poniendo los recursos disponibles al servicio de los ciudadanos más vulnerables.

El Patrimonio Eclesiástico al Servicio de la Sociedad

Un pilar fundamental de este acuerdo es la concepción del patrimonio de la Iglesia como un activo con una finalidad social. La institución gestiona una parte importante del legado histórico y arquitectónico catalán, estimado en alrededor del 75% del total.

Se ha enfatizado que estos bienes no tienen un propósito lucrativo, sino que su misión es conservarlos y ponerlos al servicio de la comunidad. La Iglesia reconoce que enfrenta desafíos para restaurar y mantener adecuadamente todo este patrimonio, por lo que el convenio ofrece una doble oportunidad: avanzar en la rehabilitación y conservación de edificios de valor, y dotarlos de una función social primordial.

Flexibilidad y Adaptación a las Necesidades Locales

El acuerdo se ha diseñado como un protocolo marco, lo que le confiere una gran flexibilidad. No impone una solución única, sino que sienta las bases para que cada diócesis o instituto religioso desarrolle acciones concretas adaptadas a sus circunstancias y a las necesidades de su entorno. Esta aproximación permitirá que las soluciones sean personalizadas y efectivas, aprovechando el conocimiento que cada entidad tiene del territorio en el que opera.

Una Red Capilar para Alcanzar a los Más Vulnerables

La capilaridad de la estructura eclesiástica se presenta como una de sus grandes fortalezas.

El acuerdo está abierto a todas las instituciones que forman parte de la Unió de Religiosos de Catalunya, lo que multiplica su alcance potencial por todo el territorio. Esta red permite llegar a pequeñas localidades y a barrios donde otras políticas de vivienda a gran escala tienen dificultades para penetrar, garantizando una distribución más equitativa de los recursos y las oportunidades.

El acto de la firma, que contó con la presencia de autoridades de la Generalitat, ha sido calificado como el primer paso de un proceso de trabajo conjunto. Representa el comienzo de una colaboración estratégica que une a dos instituciones clave de Cataluña para hacer frente a la emergencia habitacional desde un compromiso compartido de servicio público y responsabilidad social.