Anticorrupción investiga presunta trama de prevaricación y fraude en adjudicación de viviendas protegidas en Alicante
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La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación sobre la adjudicación de viviendas protegidas en el residencial ‘Les Naus’ en Alicante, presentando una denuncia ante el juzgado número 5 de la ciudad. Se sospechan delitos contra la administración pública debido a la presunta distribución irregular de inmuebles destinados a familias vulnerables.
Anticorrupción advierte indicios de delitos de negociaciones prohibidas y uso de información privilegiada. La denuncia formalizada ante la jueza Amparo Rubio también considera posibles delitos de prevaricación y fraude en la gestión de esta promoción ubicada en la playa de San Juan.
El grupo municipal socialista también formalizó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción hace unas semanas, detallando la presunta comisión de hasta cinco delitos por lo que definen como una presunta trama de adjudicaciones. Se alega que el gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda para favorecer a personas vinculadas a su propia administración en una promoción construida sobre suelo municipal.
Una red de cargos bajo sospecha
La denuncia se dirige contra una quincena de personas que formarían parte de una red de cargos vinculados al Partido Popular y altos funcionarios locales. Entre los señalados se encuentra la exconcejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, quien dimitió tras el escándalo, así como la directora general municipal de Contratación Pública, también dimitida.
También se investiga al arquitecto municipal Francisco Nieto y al administrador de la mercantil Fraorgi S.L., gestora de la promoción. Además, se investiga la posible aportación de documentación falsa, después de que un técnico de la Generalitat, actualmente suspendido, validara presuntamente el expediente de su esposa con datos no veraces.
El contraste: miles de familias en espera frente a un reparto privilegiado
La Fiscalía Anticorrupción resalta la gravedad social del caso. Mientras cerca de 5.400 familias permanecían en lista de espera para acceder a una vivienda protegida, se alega que varios de estos pisos fueron repartidos de forma “irregular y privilegiada” entre el entorno del PP.
Se trata de viviendas con piscina y pistas deportivas cuyo precio rondaba los 200.000 euros, una cifra que, según fuentes, es tres veces inferior al valor de mercado en la zona de San Juan.
Los fiscales han solicitado una serie de diligencias para verificar si los beneficiarios cumplían realmente los requisitos de renta y carencia de propiedad. La Fiscalía ha pedido a la magistrada que reclame a la Conselleria de Vivienda el resultado de sus auditorías internas para verificar los 140 visados de la promoción.
El juzgado deberá decidir sobre estas peticiones para determinar el alcance total de esta red de beneficiarios que, según el Ministerio Público, utilizó su posición en la administración para acceder a un parque público de vivienda al que no tenían derecho.
