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El Gobierno español ha impulsado el anteproyecto de ley de integridad pública, una iniciativa anticorrupción anunciada hace siete meses. Esta medida se presenta en un momento crítico para el ejecutivo, que enfrenta acusaciones sobre una posible trama de influencias que involucra a la esposa del presidente y un esquema fiscal vinculado a Borja Cabezón, cercano al secretario de Organización del PSOE.

Acusaciones de tráfico de influencias y evasión fiscal

Las acusaciones se centran en la presunta participación de Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, en una trama de influencias que involucra a la Organización Mundial del Turismo Europa y la República Dominicana. Esta información se basa en mensajes de WhatsApp interceptados por la Guardia Civil en el teléfono de Koldo García.

Además, se ha señalado a Borja Cabezón, amigo cercano del presidente y miembro del PSOE, por su supuesta relación con un entramado mercantil en Costa Rica, presuntamente diseñado para evadir impuestos. Se han presentado documentos de la Agencia Tributaria que respaldarían esta acusación.

El Gobierno busca restaurar la confianza

Ante este clima de controversia, el Gobierno ha reactivado el plan de regeneración anunciado por Pedro Sánchez en el verano pasado.

Según fuentes gubernamentales, se busca transformar un problema interno en un asunto de interés para toda la sociedad. El paquete de medidas, que incluye 84 propuestas, deberá superar los informes preceptivos antes de ser presentado al Consejo de Ministros e iniciar su trámite parlamentario. La vicepresidenta María Jesús Montero ha expresado el objetivo de que la ley sea aprobada “durante la legislatura que, como saben, durará hasta mediados del 27”.

Claves del anteproyecto de ley de integridad pública

El anteproyecto contempla diversas medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción, entre las que destacan:

• Aumento del plazo de prescripción para los delitos de corrupción, que pasará de 5 a 7 años.
• Endurecimiento del control de donaciones a partidos políticos y sus fundaciones.
• Creación de “listas negras” y sanciones más severas para empresas condenadas que deseen contratar o recibir subvenciones públicas.

Reacciones y apoyos dentro del PSOE

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha evitado respaldar directamente a Borja Cabezón, remitiéndose a sus propias explicaciones y asegurando que “esta persona ni está investigada, no tiene ningún tipo de cuenta pendiente en el ejercicio de su actividad privada”.

A pesar del cargo de Cabezón en el PSOE, pocos miembros del partido han salido en su defensa. Sin embargo, el expresidente Felipe González ha recordado su estrecha relación con él y ha afirmado que “nunca deja tirado a quien es amigo suyo”.