El Parlament balear avala medidas migratorias controvertidas impulsadas por Vox

El Parlament balear avala medidas migratorias controvertidas impulsadas por Vox
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El Parlament balear avala medidas migratorias controvertidas impulsadas por Vox

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El Partido Popular (PP) y Vox han mostrado su acuerdo en el Parlament balear en relación a la política migratoria. Con el respaldo del PP, el partido de extrema derecha ha logrado que se apruebe una proposición no de ley (PNL) que solicita al Gobierno central la deportación de inmigrantes que, aun estando en situación legal, cometan delitos graves o hagan del delito leve su “forma de vida”, así como de aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que los acoge o intenten imponer la suya”.

La propuesta se basa en el concepto de “remigración“, un término promovido por la extrema derecha europea que engloba propuestas como la devolución masiva de inmigrantes e incluso de ciudadanos nacionalizados por motivos culturales o identitarios. Este postulado, que no está recogido en el marco jurídico español ni en la legislación de otros países europeos, ha sido defendido por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD), así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox ha incorporado este concepto a su discurso como un eje central de su política migratoria.

La “remigración” va más allá de la expulsión de una persona extranjera conforme a la Ley de Extranjería, que exige garantías procedimentales, motivación individualizada y posibilidad de recurso judicial. El término se basa en valoraciones subjetivas sobre el grado de integración o adaptación cultural, conceptos que no son causa legal de devolución o expulsión.

Aunque el PP se abstuvo en los puntos más extremos, como la expulsión automática de todos los inmigrantes en situación irregular o la supresión del arraigo, sí apoyó el núcleo de la PNL. Esta incluye medidas como “acabar con las políticas de efecto llamada”, suspender la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en el control de flujos e impulsar incentivos y bonificaciones fiscales para la contratación de españoles, además de promover una política migratoria “firme, ordenada y acorde a las necesidades del mercado laboral”.

Entre los puntos que no fueron aprobados se encuentran la supresión del arraigo como vía para regularizar la residencia y el establecimiento de la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos. La iniciativa también incluía la auditoría de concesiones de nacionalidad para revocar aquellas obtenidas “de manera fraudulenta”, la suspensión de partidas autonómicas de cooperación al desarrollo y la oposición a las políticas migratorias de la Unión Europea que contemplen el reparto obligatorio de solicitantes de asilo.

El PP critica la regularización extraordinaria

Durante el debate, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, se refirió a las “consecuencias nefastas” y al “coste económico insostenible” de los flujos migratorios irregulares, que, según ella, “solo benefician a las mafias y a quienes buscan votantes porque los han perdido”. La diputada vinculó estos flujos a la precarización laboral, la bajada de salarios o la inseguridad, a pesar de que numerosos informes académicos y análisis de organismos públicos han cuestionado la relación directa entre migración y criminalidad, y de que instituciones como el Banco de España han destacado la contribución de la población inmigrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico.

Por su parte, la popular Cristina Gil aprovechó su turno para criticar la regularización extraordinaria de inmigrantes, a pesar de que no era un tema tratado en la PNL, y para reprochar a la izquierda sus políticas migratorias.

“Nos oponemos a una inmigración ilegal y masiva. No rechazamos personas, sino un modelo que genera salarios a la baja, satura servicios públicos, dificulta el acceso a la vivienda y perjudica a la convivencia”, afirmó.

Frente a estas posturas, el socialista Omar Lamin acusó al PP de asumir el argumentario de Vox, mientras que la diputada de Més Marta Carrió cuestionó el uso del término “ilegales” para referirse a personas migrantes, recordando que la irregularidad administrativa no convierte a nadie en delincuente.

La reunión de Potsdam que impulsó la “remigración”

El término “remigración” ha ganado visibilidad en los últimos años en el ámbito de la extrema derecha europea, especialmente en Alemania, donde sectores vinculados a AfD lo han utilizado para defender la expulsión no solo de personas en situación irregular, sino también de inmigrantes con residencia legal e incluso de ciudadanos nacionalizados considerados “no asimilados”.

A principios de 2024, una investigación periodística en Alemania reveló una reunión celebrada en Potsdam por parte de dirigentes ultras en la que se debatían planes de “remigración” masiva, lo que provocó manifestaciones multitudinarias contra estas propuestas.

En Austria, el término ha sido utilizado por dirigentes del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), que lo ha integrado en su discurso sobre identidad nacional y control migratorio. En Francia, el concepto ha estado presente en el entorno ideológico de Agrupación Nacional (Rassemblement National) y de sectores aún más radicales, asociado a propuestas de retirada de nacionalidad y prioridad nacional en el acceso a derechos sociales. En todos los casos, la “remigración” funciona como un marco político que va más allá de la aplicación estricta de la legislación de extranjería y se vincula a criterios culturales o identitarios.

En España, Vox ha asumido progresivamente este término en su argumentario. La formación liderada por Santiago Abascal lo ha incorporado como eje de su discurso migratorio, planteando la expulsión de inmigrantes en situación irregular, de extranjeros que cometan delitos y también de aquellos que, a su juicio, no se integren o supongan una “carga” para el Estado del bienestar. Colectivos neonazis como Núcleo Nacional también han empleado pancartas y lemas con la palabra “remigración” en manifestaciones y actos públicos, vinculándolo con la expulsión de personas migrantes y con teorías como la del “gran reemplazo”.