“Nos sentimos delincuentes y no son chabolas, son patrimonio de Ibiza”, lamenta un propietario de una de las casetas varadero de Portinatx (Eivissa) tras la resolución de la Audiencia Nacional que da la razón al Ministerio de Transición Ecológica y obliga a demoler el conjunto de construcciones. Una decisión que ha generado descontento entre los propietarios, l’Associació de Defensa de les Casetes Varador y el Ayuntamiento de Sant Joan. El tribunal ha cerrado así la puerta a la legalización de las once casetas de pescadores y de una terraza del hostal Cas Mallorquí construidas en dominio público marítimo-terrestre.

Es el resultado de la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consistorio contra la resolución del Ministerio que obligaba a su demolición y que, por el momento, impone la desaparición de las construcciones del paisaje de la isla al que pertenecen. 

La resolución ministerial de 2021 denegó la concesión solicitada por el Consistorio para regularizar la ocupación de 635 metros cuadrados de dominio público y ordenó a la Demarcación de Costas ejecutar el derribo para restaurar la legalidad, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Con el fallo de la Audiencia Nacional, esa decisión queda ahora ratificada. El Ayuntamiento defendía la continuidad de las construcciones alegando falta de motivación en la negativa del Ministerio y reivindicando el carácter tradicional y etnológico de las casetas varadero, que aseguraba tener intención de incorporar al catálogo municipal de patrimonio. También sostenía que su ubicación, entre los hitos 690 y 691 y en suelo industrial, según datos del Catastro, no interrumpía la servidumbre de tránsito. 

La Sala, sin embargo, ha decidido aplicar de forma estricta la Ley de Costas y concluye que mantener las instalaciones supondría “la saturación de la cala” y la obstaculización del tránsito público, en contra de la normativa vigente.

Además, advierte de que otorgar la concesión implicaría priorizar usos privativos frente al uso común general del dominio público marítimo-terrestre. 

Una herencia familiar

La primera concesión en esta zona de Portinatx se remonta al 18 de abril de 1969, cuando Costas concedió una licencia y una autorización administrativa para construir ocho de las casetas varadero y una terraza en 260 metros cuadrados de dominio público y por un periodo de quince años. Esas construcciones se erigieron sobre otras que ya existían, de piedra, antes del 56, fecha de la primera Ley estatal del Suelo y año que el Plan Territorial Insular de Ibiza (PTI) fija como línea divisoria para determinar la situación de las edificaciones en suelo rústico.

Las construcciones acreditadas antes de 1956 pueden ser reconocidas por antigüedad y optar a obras de conservación, mientras que las posteriores deben demostrar que contaron con licencia y se ajustan al planeamiento vigente, quedando en caso contrario en situación irregular. 

La primera concesión se remonta a 1969, cuando Costas concedió una licencia y una autorización para construir ocho de las casetas varadero y una terraza en 260 metros cuadrados de dominio público y por un periodo de quince años. Esas construcciones se erigieron sobre otras que ya existían, de piedra, antes del 56

Una orden ministerial determinó que la concesión había caducado el 24 de abril de 1974 y, aunque los propietarios de las casetas varadero, imagen ya emblemática de las islas (son un icono para promocionar Sant Joan en la importante feria turística de Fitur), han seguido pagando desde finales de los sesenta el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que les corresponde por las edificaciones, entre cien y doscientos euros anuales, irónicamente son los únicos que deberán demolerlas si la situación no cambia, explica un afectado. No solo quedarían perjudicados ellos, sino también el negocio de restauración que utiliza los tejados como terraza para atender a sus clientes. ElDiario.es ha intentado contactar con la propiedad por vía telefónica y por correo electrónico sin obtener respuesta en el momento en que se publica este reportaje.

La sentencia de la Audiencia Nacional también alude a la empresa Cada Día Un Poquito Más S.L, titular del establecimiento hotelero Cas Mallorquí, al que pertenece la terraza que actúa como cubierta de las casetas. La mercantil se personó como codemandada apoyando la postura del Ayuntamiento y el tribunal determina, en el escrito judicial, que esta figura procesal sólo puede solicitar la confirmación del acto impugnado, no su nulidad. 

La caseta varadero de Bartolmeu (nombre ficticio por petición expresa), uno de los afectados, pasó de su abuelo a su padre y de su padre a él.

Es, por tanto, una herencia familiar que preserva la cultura de la isla. “La sentencia no es lógica porque concesiones en playas hay muchas, y peores, porque las tienen empresas privadas que sacan mucho rédito”, expresa contundente. Se refiere a algunas de la misma zona de Portinatx, pero también a beach clubs de otros puntos de la costa ibicenca con infinidad de hamacas y precios abusivos. Se trata, así, no solo de un valor “práctico” para la familia (es donde se guardan las embarcaciones tradicionales, los llaüts), sino “sentimental”.

Pasó de mi abuelo a mi padre y de mi padre a mí. La sentencia no es lógica porque concesiones en playas hay muchas, y peores, porque las tienen empresas privadas que sacan mucho rédito [en referencia a otras construcciones en la misma zona y a beach clubs con infinidad de hamacas y precios abusivos]

Bartolmeu
— Dueño de una caseta varadero

Incompatibles con la normativa de Costas

En julio de 2003, el Ayuntamiento de Sant Joan presentó ante Costas una nueva solicitud de concesión acompañada de un proyecto básico que contemplaba actuaciones sobre las obras ya existentes, incluyendo el mantenimiento y la rehabilitación exterior del conjunto de casetas y sus rampas para el refugio de embarcaciones. La petición salió a información pública en febrero de 2004 y contó con informes favorables de la Capitanía Marítima y de la conselleria de Medi Ambient del Govern. Sin embargo, cinco años más tarde, la Demarcación de Costas de Balears remitió el expediente a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar al considerar que las instalaciones eran incompatibles con la normativa.

Pese a ello, la propia Demarcación apuntaba a la “compleja situación” del archipiélago, donde existen numerosas construcciones de características similares, y recomendaba buscar un acuerdo entre las distintas administraciones implicadas. En 2015, el Consistorio modificó su solicitud para pedir una concesión por 50 años y tramitar obras de urgencia destinadas a salvaguardar la integridad de las casetas. Tras un nuevo trámite de audiencia, el Ayuntamiento de Sant Joan volvió a presentar alegaciones en abril de 2021. Ese mismo año, el Ministerio dictó la resolución que ahora ha sido avalada por la Audiencia Nacional.

En 2024, el Consistorio movió ficha y en pleno aprobó la incorporación de las casetas varadero al catálogo municipal de patrimonio para blindar su protección y preservar la memoria colectiva de la isla. La incorporación implicaba sobre todo la aplicación de medidas específicas de protección frente a posibles deterioros o modificaciones no autorizadas, pero no contemplaba defenderlas de la demolición.

Necesidad de protegerlo como BIC

De momento, cabe recurso de casación contra la sentencia ante el Tribunal Supremo si el Ayuntamiento acredita interés casacional, objetivo para lo que sería relevante categorizar el conjunto de casetas como un Bien de Interés Cultural (BIC). ¿Y por qué esta conservación no se ha hecho hasta este momento? La conselleria de Costas traspasó del Estado al Govern la competencia en 2023, mismo año en que el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, hizo una visita a Eivissa acompañado del director general de Costas y Litoral, Carlos Simarro, e hizo hincapié en la importancia de proporcionar un marco jurídico sólido que asegurara su protección y mantenimiento, así como en la necesidad de crear un censo “serio y efectivo” de las estructuras.

La competencia de declarar las casetas varadero Bien de Interés Cultural (BIC) –como se hizo en las de Sa Punta des Molí, en Sant Antoni– es del Consell d’Eivissa, que no ha querido hacer comentarios al respecto a este periódico.

De hecho, en Formentera, todas las casetas de pescadores están protegidas con esta categoría. Por otro lado, es el Ayuntamiento quien tiene la potestad de emitir una solicitud de protección. 

La competencia de declarar las casetas varadero Bien de Interés Cultural (BIC), lo cual podría salvarlas, es del Consell d’Eivissa

Andreu Roig, concejal de Medio Ambiente y Urbanismo de Sant Joan, ha explicado a elDiario.es que el equipo de gobierno municipal recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional y ha contrastado el derribo de las casetas con la ruina de Cala d’en Serra, sito en el mismo municipio y cuya demolición ha sacado recientemente el Consell a exposición pública. “Eso se trata de una estructura abandonada desde los años setenta y que no tiene nada que ver con esto, que es tradición”, ha valorado Roig. 

“Aquí el problema es que la administración no ha estado bien organizada”, asevera Bartomeu, quien lamenta que, desde Madrid, donde desconocen la cultura y la importancia del patrimonio ibicenco, deciden “lo que está bien y lo que está mal” en el litoral de las islas siguiendo simplemente el incumplimiento de la ley.

“La visión de fuera es que son una especie de chabolas, cuando la realidad es que son la auténtica imagen de Eivissa”, subraya.

Bartomeu, uno de los afectados, afirma que ‘el problema es que la administración no ha estado bien organizada’ y que, desde Madrid, donde desconocen la cultura y la importancia del patrimonio ibicenco, deciden ‘lo que está bien y lo que está mal’ en el litoral de las islas siguiendo simplemente el incumplimiento de la ley

Por otro lado, reconoce que muchos propietarios han cruzado la línea de la legalidad y han construido donde no deberían haberlo hecho. Esto le hace preguntarse que, si se tumban las casetas de Portinatx, en realidad, “cuántas se tendrían que tumbar”. A raíz de esta situación, vecinos y propietarios se han planteado constituir una asociación para luchar por la preservación del patrimonio.

“Son las más características de toda la isla”, termina.