Investigan a médicos de Burgos por presuntas irregularidades entre la sanidad pública y privada
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La justicia ha puesto en marcha una investigación sobre varios médicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ante la sospecha de que estarían incurriendo en irregularidades al compaginar su trabajo en la sanidad pública con la privada, sin cumplir con las normativas de incompatibilidad.
La Fiscalía de Burgos ha trasladado a los tribunales una denuncia que detalla presuntas acciones ilegales cometidas por estos médicos en su colaboración con el Grupo Recoletas, principal operador de la sanidad privada en la región de Castilla y León.
La denuncia, presentada en diciembre por un médico de la sanidad privada, surgió tras un año de reportes a la Consejería de Sanidad de Castilla y León sin obtener respuesta. En ella se describen situaciones que podrían contravenir el régimen de compatibilidades del personal sanitario.
El denunciante alega que estas irregularidades generan conflictos de interés y ponen en riesgo la seguridad asistencial de los pacientes. También sugiere una posible trama de prevaricación y malversación, facilitada por la inacción de las autoridades, que habrían permitido el sostenimiento de la estructura de negocio privada mediante el incumplimiento normativo.
Detalles de las presuntas irregularidades
Entre las irregularidades señaladas a la Fiscalía se encuentra la atención sanitaria a beneficiarios de mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) en situaciones que podrían estar limitadas por la normativa vigente.
También se menciona la existencia de conciertos sanitarios en diversas especialidades entre Sacyl y el Grupo Recoletas, lo que podría ser incompatible con la participación en la actividad privada de profesionales del Sacyl en dichas especialidades y áreas troncales (Anestesia, Intensivos, Radiología, Medicina Interna, etc.).
Se sospecha además de la superación de los límites horarios establecidos para el desempeño de actividad privada por parte de profesionales con plaza en el sistema público, incluso mediante la solicitud de reducción de jornada para dedicar más tiempo a la actividad privada.
Otro punto denunciado es la realización de actividad privada tras guardias públicas, lo que podría poner en riesgo la seguridad asistencial de los pacientes. Se señalan incluso sospechas de falsificación documental de historias clínicas y suplantación de identidades.
Asimismo, se considera un conflicto de interés la atribución de responsabilidades de gestión en centros privados mientras se mantienen simultáneamente actividad y/o cargos en el sistema público, señalando específicamente al actual director médico del Hospital Recoletas de Burgos.
El denunciante afirma contar con fechas, datos de profesionales, actividades y guardias en las que pudieron ocurrir los hechos descritos, y los pone a disposición de la justicia.
La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha informado que los expedientes informativos abiertos a los médicos denunciados siguen en tramitación y que colaborará con la justicia proporcionando la información que se requiera. El Grupo Recoletas no ha emitido aún ninguna declaración al respecto.
Denuncias previas sin respuesta
La denuncia presentada a la Fiscalía incluye un anexo con escritos dirigidos a la Consejería de Sanidad desde mayo de 2025, que relatan hechos incluso anteriores, remontándose al año 2021. En estos escritos se señala al director médico de Recoletas en Burgos por supuestamente haber participado en negociaciones con la sanidad pública siendo aún empleado de esta.
También se han remitido escritos a la Inspección Médica de Burgos, señalando con nombres y apellidos a facultativos que no cumplirían las incompatibilidades, indicando superaciones horarias en días concretos y solicitando la comprobación de los hechos.
Asimismo, se han enviado denuncias a la Seguridad Social sobre posibles incumplimientos de baja de dos médicas del Hospital de Burgos, que supuestamente acudieron a trabajar al Grupo Recoletas durante su baja maternal. Otros escritos fueron dirigidos a la Gerencia de Salud de Burgos, la Inspección de Trabajo, sindicatos y el Colegio Oficial de Médicos de Burgos.
El denunciante incluso se dirigió a la Presidencia del Gobierno denunciando la situación y la presunta corrupción del sistema, recibiendo confirmación de recepción de la información.
