Denuncia por reutilización de catéteres en el Hospital del Vinalopó
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El PSPV-PSOE ha presentado una denuncia ante la fiscalía contra el gerente del Hospital del Vinalopó, Rafael Carrasco Moreno, por la presunta reutilización de catéteres de un solo uso. La denuncia se basa en una información publicada por un medio digital el pasado 21 de enero.
Además de un posible delito contra la salud pública, la denuncia también apunta a presuntos delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación.
Normativa incumplida
Los socialistas valencianos destacan que la reutilización de catéteres, “reutilizados hasta en diez ocasiones” según la denuncia, contraviene la normativa europea y estatal sobre productos sanitarios de un solo uso. Estos catéteres se utilizan para la administración de medicamentos citostáticos o radiofármacos, y su uso único es fundamental para garantizar la seguridad del paciente y del personal sanitario, minimizando la exposición accidental.
El PSPV-PSOE subraya que la prohibición de reutilizar estos productos se basa en la necesidad de garantizar la seguridad del paciente, ya que el reprocesamiento inadecuado puede comprometer la funcionalidad, la esterilidad y la integridad del producto, incrementando el riesgo de infecciones o fallos del dispositivo. La política de un solo uso es un pilar fundamental en la gestión sanitaria para prevenir incidentes adversos y proteger la salud pública.
Posible omisión de control y daño a la salud pública
La denuncia sostiene que las “instrucciones” de los órganos directivos de la empresa concesionaria a sus empleados podrían “constituir una omisión de los deberes de control, supervisión o ejecución por parte de la Administración”. Además, podrían “suponer un daño para la salud de los ciudadanos al ponerlos en riesgo por el uso de material sanitario contraviniendo las normas de utilización”, e incluso afectar al “interés público, en cuanto que se remunera a una entidad privada por un servicio público cuya prestación resulta deficitaria o inexistente”.
La denuncia solicita a la Fiscalía Provincial de Alicante que tome declaración al gerente del hospital y que recabe la documentación publicada, en referencia a un correo interno que reseñaba el uso de los catéteres.
También se pide al Ministerio Público que requiera a la filial de Ribera Salud que gestiona el hospital que identifique al equipo directivo al completo.
El contrato de la concesión del hospital fue prorrogado por el Consell hasta 2030, con un importe de prórroga de 826,7 millones de euros. La Conselleria de Sanitat tiene la responsabilidad del control y la garantía de la “adecuada prestación sanitaria y calidad asistencial”.
