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El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido de su cargo tras ser citado como investigado por un presunto delito de agresión sexual contra una agente subordinada. La decisión se produce después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid admitiera a trámite una querella en su contra.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado su “decepción” ante la situación y ha negado tener conocimiento de la denuncia hasta el momento en que leyó la querella.

Según sus declaraciones, tras conocer la información, solicitó la renuncia de González “por el propio prestigio de la Policía Nacional”.

“Que no nos duele ninguna decisión inmediata ante hechos de gravedad, y este evidentemente es de una gravedad manifiesta que no podemos en modo alguno relativizar”, afirmó Grande-Marlaska.

La crisis también ha afectado al segundo del DAO, el comisario Santos, quien ha sido relevado de sus responsabilidades.

Enfrentamiento político

La gestión de la crisis ha generado un enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular. Los populares, liderados por Alberto Núñez Feijóo, han cuestionado la actuación del ministro del Interior, acusándolo de intentar ocultar el escándalo.

Grande-Marlaska ha respondido acusando al PP de “manipular unos hechos de tanta gravedad”.

Se espera que este asunto sea objeto de debate en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Secreto de la denuncia

Según Marlaska, la víctima mantuvo en secreto la denuncia hasta el día anterior a la dimisión. El ministro también ha señalado que ni los medios de comunicación ni los sindicatos de la Policía se habían hecho eco de la presunta agresión sexual.

Trayectoria de José Ángel González

José Ángel González Jiménez ingresó en la Policía Nacional en 1984 y era el máximo mando del cuerpo desde 2018, cuando Fernando Grande-Marlaska asumió el cargo de ministro del Interior y Francisco Pardo Piqueras el de director general de la Policía Nacional.

En noviembre de 2024, el Ministerio dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo, recurriendo a una modificación legal en el real decreto de medidas por la Dana de Valencia.

Esta decisión fue cuestionada por partidos de la oposición y algunos sectores policiales.