Grave agresión en la prisión de A Lama revela carencias del sistema penitenciario español
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Un nuevo incidente de violencia ha sacudido la prisión de A Lama, en Pontevedra, poniendo de manifiesto las problemáticas estructurales que afectan a las cárceles españolas. El pasado martes, una interna con antecedentes psiquiátricos atacó brutalmente a una funcionaria, derribándola y golpeándola repetidamente.
Poco después, la misma interna agredió a otro trabajador en la enfermería del centro.
Reglamento obsoleto y falta de recursos
El sindicato ACAIP-UGT denuncia que este suceso no es un caso aislado, sino la consecuencia directa de un modelo penitenciario obsoleto. Alberto Fernández, delegado de ACAIP-UGT en la prisión de A Lama, señala que el personal trabaja con normativas desactualizadas, como un reglamento de 1981 y un marco organizativo de 1996.
Según Fernández, es imposible gestionar la complejidad de las prisiones modernas con protocolos de hace décadas, especialmente ante el cambio drástico en el perfil de la población reclusa, con un aumento significativo de patologías psiquiátricas y nuevas adicciones.
Crisis en la atención de salud mental
La falta de recursos para atender la salud mental es un punto crítico. Se estima que el 30% de los internos en España recibe tratamiento psiquiátrico, convirtiendo a las cárceles en los mayores centros de salud mental del país, pero sin la infraestructura adecuada.
La situación en A Lama es particularmente grave, con ocho de nueve plazas de médico vacantes. Esta escasez de personal especializado impide un seguimiento clínico adecuado y ajustes de medicación, exponiendo a los funcionarios a internos con inestabilidad que puede desencadenar episodios violentos.
Reforma integral y protección del personal
ACAIP-UGT exige una reforma integral que redimensione las plantillas y actualice los protocolos de actuación frente a las agresiones.
Se insiste en la necesidad de abandonar los parámetros de los años 90, adaptándose a las actuales necesidades asistenciales y de seguridad. Entre las demandas urgentes se encuentra el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad, una medida que les proporcionaría mayor protección jurídica y evitaría que la responsabilidad de iniciar procesos judiciales recaiga únicamente en el trabajador agredido.
