
Persecución judicial a un artista por 'performance' sobre la Santa Baldana en Tortosa
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Un artista y tres miembros del colectivo cultural Konvent han declarado ante la justicia como investigados por un presunto delito de escarnio a los sentimientos religiosos. La acusación se basa en una *performance* realizada en Tortosa (Tarragona) en honor a la *Santa Baldana*, un embutido típico de la región.
El caso, impulsado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, ha revivido el debate sobre el uso de figuras legales consideradas anacrónicas para reprimir expresiones artísticas y opiniones disidentes.
La performance de la discordia
Según fuentes jurídicas, el artista Josep Pinyol y los otros investigados explicaron que la *performance* formaba parte del VII Foro de Cultura y Ruralidades celebrado en Tortosa en 2024. Durante el evento, ocho costaleros portaron una estructura decorada con patas de cerdo y morcillas, simulando un paso procesional. Una banda de música y alrededor de 300 personas acompañaron la comitiva en una romería que recorrió diferentes puntos del evento, conmemorando a la *Santa Baldana*.
Los investigados niegan rotundamente haber buscado ofender o burlarse de los sentimientos religiosos con su creación artística. Pinyol declaró a la Agència Catalana de Notícies (ACN) que la *Santa Baldana* “nos acompaña con el mismo espíritu de paz y abundancia con el que vino, pese a que a algunos les dé miedo”.
Defensa y contexto legal
El abogado del artista, Eric Sanz de Bremond, se mostró confiado en el archivo del caso, argumentando que se trata de un claro ejercicio de libertad de expresión y artística sin intención de burla.
Este caso se produce en un contexto en el que el Gobierno español se comprometió a derogar el delito contra los sentimientos religiosos a lo largo de 2025, una promesa aún pendiente de cumplimiento.
Apoyo de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional ha expresado su apoyo a los investigados y ha lamentado la judicialización de la *performance*. La organización ha exigido una reforma “urgente” de los artículos del Código Penal “que atentan contra la libertad de expresión y que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos”.













