UGT busca un "pacto social" para blindar los servicios públicos ante la "crispación" política
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La Unión General de Trabajadores (UGT) ha anunciado su intención de convocar a los partidos políticos a una ronda de contactos con el objetivo de alcanzar un “pacto social” que proteja y fortalezca los servicios públicos en España. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, expresó su preocupación por el clima de “polarización” y “crispación” que dificulta el avance de reformas y acuerdos en este ámbito.
El objetivo principal de esta iniciativa es asegurar que los acuerdos alcanzados entre los sindicatos y el Gobierno se traduzcan en derechos y mejoras concretas para los ciudadanos. Araque lamentó que muchos de estos acuerdos, en los que los sindicatos invierten un gran esfuerzo de negociación, terminan estancados en el proceso parlamentario.
UGT excluye de estas conversaciones a “quienes defienden la motosierra”, en clara referencia a Vox, argumentando que su propuesta busca un diálogo constructivo con fuerzas políticas comprometidas con el estado social y democrático de derecho, el progreso y los servicios públicos.
Acuerdo salarial y medidas estancadas
La organización sindical destacó el reciente acuerdo salarial firmado en noviembre, que contempla una subida acumulada del 11% para los funcionarios hasta 2028, así como avances en la modernización de las administraciones públicas, la agilización de los procesos selectivos y la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales.
Si bien la subida salarial para 2025 y 2026 fue aprobada en el Congreso, otras medidas importantes siguen pendientes, como la Ley de Función Pública, que incluye un permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de hijos y la posibilidad de prolongar la jubilación forzosa hasta los 72 años. Araque criticó el retraso en la aprobación de esta ley, que UGT espera desde 2007.
UGT insta a los partidos políticos con “responsabilidades de Estado” a superar las diferencias y alcanzar un pacto que garantice el futuro de los servicios públicos.
Jornada de 35 horas semanales en marzo
El sindicato celebró la próxima implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales, prevista para marzo. Esta medida, incluida en el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, supondrá una mejora en las condiciones laborales de los funcionarios y, según UGT, servirá de “punta de lanza” para extender la reducción de jornada y la mejora salarial a otros sectores.
Veto a negociaciones con la Seguridad Social
UGT anunció que vetará cualquier acuerdo o negociación con el Ministerio de Seguridad Social hasta que se resuelva el bloqueo de la jubilación parcial anticipada de los empleados públicos. Este colectivo, que ya disfrutaba de este derecho, se vio afectado por la reforma de las pensiones, que exige la contratación de un relevista indefinido y a tiempo completo, un requisito difícil de cumplir en la administración pública.
Araque espera que se encuentre una solución a este problema, aunque reconoció que todavía no hay nada concreto al respecto.
