Desalojo masivo de un edificio ocupado en Collado Villalba: tensión y acusaciones cruzadas
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Unas 100 personas, incluyendo varias familias, fueron desalojadas de un edificio propiedad de la SAREB en Collado Villalba, ocupado desde el inicio de la pandemia. La operación, llevada a cabo por la Policía Local y la Guardia Civil, generó momentos de tensión y protestas.
Desalojo y Protestas
Desde la madrugada, la calle Real fue acordonada mientras se desplegaba un fuerte dispositivo policial, incluyendo la unidad de antidisturbios de la Guardia Civil. Vecinos y miembros de la Asamblea de la Vivienda se concentraron en las puertas, denunciando la falta de autorización judicial e intentando detener el desalojo.
Finalmente, los ocupantes fueron saliendo del edificio con sus pertenencias, acumulándose colchones y otros enseres en la vía pública. Se registraron gritos contra la Policía, el Gobierno central y, especialmente, contra el Ayuntamiento, acusando a la alcaldesa y a Servicios Sociales de no ofrecer alternativas habitacionales.
“Vienen a por nosotros, a los que intentamos vivir, a sacar niños a la calle en pleno invierno.
No nos vamos porque trafiquemos, nos vamos porque les molestamos, nos vamos sin orden judicial”, declaró una de las personas desalojadas.
Acusaciones de la Asamblea de la Vivienda
La Asamblea de la Vivienda afirma que el Ayuntamiento les confirmó extraoficialmente el desalojo, pero nadie recibió notificación oficial. Denuncian que durante la operación se produjo un altercado con un detenido. La Asamblea presentó un recurso contencioso-administrativo contra la decisión municipal, calificándola de “ilegal” e “inhumana”, y solicitan que se restituyan las viviendas a los vecinos. Además, anuncian acciones penales contra los responsables y acusan a la alcaldesa de evadir su responsabilidad.
Según la Asamblea, 42 familias estaban en negociación con la SAREB para un alquiler social, y 15 de ellas tenían un compromiso firmado.
Justificación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Collado Villalba, a través de un comunicado y declaraciones de la alcaldesa Mariola Vargas, justificó el desalojo basándose en “criterios técnicos, de seguridad y de salubridad”.
Según informes técnicos municipales, el edificio presentaba deficiencias estructurales, carencias en seguridad y condiciones higiénico-sanitarias incompatibles con su uso como vivienda, representando un riesgo para la integridad física y la salud de los ocupantes.
La alcaldesa explicó que el desalojo se realizó en virtud de un decreto notificado a la propiedad por “insalubridad e inseguridad urbanística”, tras un incendio en diciembre que evidenció la peligrosidad de la situación.
Vargas aseguró que se dio un tiempo prudencial a la SAREB para ofrecer alternativas habitacionales a las familias vulnerables, pero que en el momento del desalojo quedaban “la mayoría varones, sin ningún signo de vulnerabilidad aparente”. Según la alcaldesa, la mayoría de los ocupantes restantes eran “delincuentes multirreincidentes”.
El Ayuntamiento insiste en que su actuación se desarrolló con pleno respeto a la legalidad vigente, siguiendo criterios técnicos objetivos.
