Macroestafa inmobiliaria en Barcelona: Fiscalía busca resarcir a las víctimas
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La Fiscalía está decidida a que las víctimas de la macroestafa inmobiliaria perpetrada en Barcelona recuperen sus propiedades. Este fraude, uno de los mayores en España, afectó a más de un centenar de viviendas.
En el juicio, que continúa en su vertiente civil, el fiscal Óscar Serrano ha adelantado que solicitará que los acusados indemnicen a las víctimas con el valor actual de mercado de los inmuebles en aquellos casos en que la recuperación sea imposible debido a la adquisición de buena fe por parte de terceros.
Las aseguradoras podrían asumir las indemnizaciones
La Fiscalía se suma a las peticiones de las defensas y las acusaciones particulares para que sean las aseguradoras quienes se hagan cargo de las indemnizaciones correspondientes.
Pacto judicial agiliza el proceso
Un acuerdo entre la Fiscalía y las acusaciones permitió a los miembros de la red aceptar una rebaja sustancial de las penas iniciales, que superaban los 20 años de prisión. Este pacto agiliza la devolución de las viviendas o el cobro de las indemnizaciones, evitando la prolongación del juicio y posibles recursos.
Víctimas desahuciadas
Muchas de las víctimas de esta estafa inmobiliaria sufrieron desahucios como consecuencia del fraude.
El caso se destapó en 2015
La trama salió a la luz en 2015. En los últimos años, familiares de las víctimas, asociaciones, abogados y la Fiscalía han alertado sobre los abusos económicos a personas mayores y el papel de profesionales como abogados y notarios en este tipo de delitos. Existe un consenso general sobre la necesidad de aumentar los recursos destinados a los servicios sociales, agilizar los procedimientos judiciales y sensibilizar a las administraciones y algunos estamentos judiciales.
Sentencia firme necesaria para la restitución
Las víctimas no podrán recuperar sus inmuebles ni recibir las indemnizaciones hasta que se dicte una sentencia firme. En ese momento, el tribunal ordenará al Registro de la Propiedad la anulación de las escrituras públicas fraudulentas.
Condenas para los principales implicados
Los dos principales investigados en el caso, un abogado y un notario, aceptaron penas de hasta 4 años y 7 meses de prisión. El abogado Francisco Comitre recibió la condena más alta por delito de estafa agravada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. El notario Enrique Peña aceptó una pena de 3 años y 2 meses de prisión, así como la inhabilitación definitiva para ejercer su profesión.
Responsabilidad del notario
La Fiscalía considera que el incumplimiento de los deberes notariales por parte de Peña, al no revisar las operaciones que autorizaba para evitar la comisión de delitos, fue tan intenso que trascendió la imprudencia, facilitando la comisión de las estafas por parte del grupo criminal.
