El juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa de la macrogranja de Llucmajor al considerar que no queda acreditada la comisión de ningún delito por parte de la empresa Avícola Son Ballester cuya actividad comercial desarrolla bajo la marca Avícola Son Perot S.A. Cabe señalar que la explotación avícola de Llucmajor ha estado durante los últimos meses en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior. 

La Sala ha llegado a esta conclusión después de analizar la denuncia presentada por la plataforma vecinal ‘Stop Macrogranja Llucmajor sense olors ni mosques’, junto con otras entidades y personas afectadas. En el escrito se denunciaban la presencia de animales muertos, las deficiencias higiénico-sanitarias y los riesgos para la salud animal y pública derivados de las condiciones de la macrogranja. Hechos presuntamente constitutivos de un delito de explotación avícola.

También se adjuntó el informe emitido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, complementado por Ganadería y Sanidad Animal.

El auto judicial, avanzado por IB3 y al que ha tenido acceso elDiario.es, reconoce la presencia de cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición en las instalaciones, lo que evidencia deficiencias en la retirada de los mismos, y por lo tanto higiénico-sanitarias. Sin embargo, la Sala concluye que estas deficiencias corresponden a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales.

En cuanto a la alta mortandad de la explotación, el juzgado argumenta que los índices de mortalidad de los animales se encuentran dentro de los límites considerados “normales” -según el escrito del juzgado-.

Es decir, por debajo del 1%. Un porcentaje que no se atribuye a ningún tipo de maltrato ni enfermedad. El juez tampoco considera que existan riesgos sanitarios en la explotación de Mallorca, una conclusión que se desprende a partir de las pruebas de Sanidad Animal realizadas, que han descartado los serotipos de salmonella controlados, “no apreciándose riesgo sanitario de entidad penal”, recoge el fallo.

Respecto a la presencia de roedores y los numerosos fallos de bioseguridad de las naves donde se alberga a las aves, el juzgado ha reiterado que se consideran estrictamente incumplimientos de carácter administrativo por parte de la empresa del sector alimenticio.

Además, se considera que dichos incumplimientos, ya corregidos, no causan un perjuicio grave acreditado para la salud o el medio ambiente. 

Por último, respecto al posible delito de maltrato animal, la Sala descarta el delito del artículo 340 bis del Código Penal (CP) –que regula los actos delictivos cometidos en contra de los animales– al interpretar que no se ha cometido un maltrato activo o doloso. Añade, asimismo, que no queda acreditada ninguna lesión grave, ni el sufrimiento grave ni tampoco muertes causadas por una conducta penal que se pueda considerar relevante. En ese sentido, resuelve que las deficiencias detectadas en la macrogranja de Llucmajor, que afectan al bienestar de las gallinas, no “alcanzan el umbral de gravedad exigido por el tipo penal”. Por estos motivos, al considerar no ser los hechos constitutivos de un delito –sin perjuicio de las responsabilidades administrativas–, el juzgado ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa.

La plataforma vecinal recurre

Lorenzo Peñas, abogado de la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor, confirma a elDiario.es que los vecinos y vecinas afectados por los malos olores cuyo origen está en la “macrogranja de los horrores” van a presentar un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ante la Audiencia Provincial de Balears. Los vecinos, ahora constituidos en una plataforma, insisten en el escrito, consultado por este diario, en que se adhirieron a la denuncia presentada por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal debido a las “las malas condiciones de vida que estaban padeciendo los mismos debido a la situación de insalubridad de la granja en cuestión”. En este documento recuerda que la explotación avícola, cuando fue ampliada, empezó a funcionar “sin la correspondiente autorización administrativa, siendo conocedor de dicho extremo las autoridades competentes”, como ya informó este diario.

El motivo de la denuncia se fundamentaba, según señalaban, debido a una serie de “daños y perjuicios sufridos por los vecinos colindantes a la granja desde al año 2019”.

El origen del daño que denuncian está, aseguran, en las “plagas de insectos y moscas” y por los “malos olores” que empezaron a producirse en todas las residencias aledañas a la explotación avícola. Los hechos denunciados por la plataforma vecinal fueron probados en consiguientes inspecciones de técnicos del Govern balear, según los expedientes administrativos consultados por este diario.

A estos daños denunciados hay que sumar, señalan, una “pésima gestión de tratamiento con los cadáveres de los animales, habiéndose encontrado durante varios años diferentes fosas de animales muertos en las inmediaciones de la explotación”. Estos daños les han reportado, lamentan, un perjuicio “tanto emocional como económico”, según su versión, motivo por el cual decidieron constituirse en una plataforma.

Anteriormente, afirman que hicieron llegar sus denuncias a las administraciones individualmente, sin resultado.

Debido al perjuicio que afirman estar sufriendo, se presentaron como acusación particular tras la apertura de diligencias, en las cuales se solicitaba investigar a la sociedad mercantil, dueña de la explotación avícola, por la comisión de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, así como de estafa al consumidor.

“Es importante dicho extremo, porque no solo estamos hablando de un maltrato animal, sino que también está en riesgo la salud de las personas, no habiéndose practicado diligencia alguna en relación a los cuatro amontonamientos ilegales de estiércol que se localizaron, se fotografiaron y se comunicó a la autoridad competente en el año 2024 y 2025”, lamentan en el recurso de apelación dirigido a la Audiencia Provincial de Palma.

Respecto al posible delito contra la ordenación del territorio, la plataforma vecinal considera, tras haber estudiado el suelo de la zona, que existen sospechas fundadas de que “la mayoría de las naves construidas en la zona en el año 2017, concretamente seis de las siete naves, se encuentran construidas en suelo ”no urbanizable“.

Asimismo, alguna de las naves podría estar construida, afirman, sobre una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Pese a que afirman haber solicitado la apertura de diferentes diligencias (la declaración de los representantes legales de la empresa en calidad de investigados; la declaración testifical de cargos públicos tanto del Ayuntamiento de Llucmajor como del Govern; declaración de la representante legal de la mercantil AENOR; la aportación de la cédula urbanística de todas las parcelas donde se han construido las siete naves de la empresa para comprobar si las obras de reforma se hicieron conforme a la ley; la declaración de un perito catedrático que pueda valorar los “diferentes focos de plagas e infección”, así como la declaración del veterinario de la macrogranja), el juez instructor solo ha tenido en cuenta “el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo, como puede ser el tema de las plagas de insectos en las casas colindantes, los malos olores o el trato dado a los cadáveres de la granja”.

“La decisión de sobreseer las actuaciones por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito carece de fundamento y justificación legal por cuanto no es que no se hayan agotado las posibilidades de indagación e investigación de los hechos, es que ni tan siquiera se han iniciado”, lamenta la representación legal de la plataforma en su escrito y añade que el sobreseimiento provisional se ha producido “sin haber ni una sola prueba de los solicitadas por las acusaciones”. Por estos motivos, concluyen, solicitan recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma.

Los animalistas lamentan el archivo de la causa

Julia Elizalde, portavoz de la asociación de protección medioambiental y animal ARDE, afirma a este diario que el sobreseimiento provisional de la acusación por maltrato animal en el caso de Avícola Ballester “no borra las imágenes ni los hechos documentados”. Las grabaciones, recuerda, muestran cadáveres putrefactos, gallinas hacinadas, llenas de ácaros y desplumadas, así como la convivencia de animales vivos con decenas de cuerpos en descomposición, la acumulación de suciedad extrema, así como aves enfermas. Estos hechos, aclara, han sido valorados por “profesionales veterinarios”.

En este sentido, las entidades animalistas afirman que respetan las decisiones judiciales pero matizan que no se pueden normalizar “situaciones que evidencian un patrón de abandono, insalubridad y sufrimiento animal en una explotación que, además, ya ha sido sancionada administrativamente por un total que roza los 400.000 euros”.

“Seguiremos utilizando todas las vías legales y sociales a nuestro alcance para exigir responsabilidades, transparencia y el cierre de una explotación que ha generado alarma vecinal, riesgos para la salud pública y sobre todo un evidente perjuicio para miles de animales”, concluye.