Ángeles Casares, desalojada del pleno del Ayuntamiento de Sevilla tras protesta laboral
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El Ayuntamiento de Sevilla vivió una jornada tensa durante su pleno, que por segunda vez consecutiva se desarrolló sin público. La decisión fue tomada por el presidente, Manuel Alés (PP), tras repetidas interrupciones de trabajadores municipales que protestaban por sus condiciones laborales. La situación escaló cuando Ángeles Casares, delegada sindical de CGT, se negó a abandonar el recinto y fue retirada por la Policía Local.
Protesta por la municipalización del servicio de ayuda a domicilio
Ángeles Casares, cuyo sector reclama la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, acudió al pleno para visibilizar la problemática. Este colectivo ha mantenido una lucha constante con el Ayuntamiento, llegando incluso a acampar frente a la sede consistorial en 2024 durante 36 días. Su principal demanda es la gestión pública del servicio, con el objetivo de mejorar las condiciones tanto de los usuarios como de los empleados.
Al ingresar al salón de plenos, Casares se colocó una bata de trabajo con el mensaje “SAD SOS” (Servicio de Ayuda a Domicilio SOS) en la espalda. Sin embargo, antes de que pudiera ocupar su asiento, se produjo un incidente que llevó al desalojo de todo el público.
Endurecimiento de la postura del Ayuntamiento
El gobierno de José Luis Sanz (PP) ha adoptado una postura más firme ante las protestas en el pleno, argumentando que perturban el normal desarrollo de las sesiones. En este sentido, se emitió una circular que faculta al presidente a ordenar el “desalojo íntegro” del público si lo considera necesario. Tras tres incidentes previos, la presencia de Casares desencadenó un cuarto incidente, lo que motivó la expulsión de todos los presentes.
Casares relató que no tuvo tiempo de expresar su protesta antes de que se le ordenara abandonar el recinto. En respuesta, se tumbó en el suelo con los brazos en cruz, para visibilizar el mensaje “SAD SOS”. Ante esta acción, los agentes policiales le preguntaron si había sufrido un desvanecimiento.
“La Policía fue muy respetuosa en todo momento y, cuando les dije que no era un desmayo, me invitaron a levantarme”, explicó Casares, quien se negó al considerar la situación como una injusticia y denunciar la creciente restricción a la protesta en el Ayuntamiento.
Reivindicaciones laborales y futuro de las protestas
Tras ser sacada del salón de plenos, Casares volvió a tumbarse en el suelo, lo que llevó a los agentes a advertirle sobre una posible multa. Ante esta situación, decidió levantarse, consciente de la precaria situación económica que atraviesa el sector. “Nuestro salario base es de 1.143 euros, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional del año pasado”, denunció.
Casares, empleada de la empresa Zaintzen, insiste en la necesidad de municipalizar el servicio de ayuda a domicilio. Esta demanda choca con la política del Ayuntamiento, que “contrata con multinacionales” a pesar de las constantes protestas por las condiciones laborales. Además, denuncia que el actual alcalde “nos ha engañado”, ya que se puso fin a su acampada con la promesa de un estudio de viabilidad que aún no se ha materializado.
La delegada sindical lamentó que, en el momento de su protesta, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP), ironizara sobre la situación, aludiendo a un desvanecimiento real que sufrió hace tiempo. A pesar de las dificultades, Casares aseguró que su colectivo seguirá acudiendo a los plenos para denunciar su situación y que, ante las nuevas restricciones, “tendremos que echarle imaginación y hacer otras cosas, pero vamos a seguir protestando”.
