La pareja de Ayuso alega una "actuación delictiva" del fiscal general para evitar la condena por fraude fiscal
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El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busca ser absuelto de los cargos de fraude fiscal y falsificación de documentos en el juicio al que se enfrenta. Su defensa argumenta que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, actuó de manera delictiva contra él, vulnerando su presunción de inocencia y su derecho a la defensa.
La defensa de González Amador se basa en la condena al fiscal general
El escrito de defensa presentado por el abogado de González Amador incorpora la reciente condena del Tribunal Supremo a García Ortiz. Según la defensa, el fiscal general participó directamente en la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal antes de que existiera un procedimiento penal contra su cliente, lo que debería invalidar las acusaciones en su contra.
El presunto fraude fiscal
La investigación sostiene que Alberto González Amador defraudó a la Hacienda pública un total de 350.951 euros en el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Para ello, habría elaborado una trama de facturas falsas con el objetivo de disminuir su carga impositiva y engañar a la Agencia Tributaria. La supuesta defraudación se produjo después de que González Amador obtuviera casi 2 millones de euros por una comisión de material sanitario al inicio de la pandemia.
Otros argumentos de la defensa
Entre los argumentos presentados por la defensa, se destaca que el segundo fiscal del caso fue designado por Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid, quien había estado imputada en el mismo procedimiento que García Ortiz. Asimismo, la defensa alega que la Abogacía del Estado, que representa a la acusación particular en la causa por el fraude fiscal, también representó a Pilar Rodríguez y a García Ortiz.
El abogado de González Amador también incluye en su escrito declaraciones públicas de miembros del Gobierno, como el presidente Pedro Sánchez y los ministros Félix Bolaños y Óscar López, para argumentar que el Poder Ejecutivo ha interferido en el procedimiento contra su cliente.
La defensa niega el delito y cuestiona las facturas
La defensa de González Amador insiste en la “realidad de la operación” de una de las facturas más abultadas, firmada en México, y de la venta de vacunas en Costa de Marfil, ambas cuestionadas por la Agencia Tributaria. Argumenta que, si las facturas corresponden a servicios reales, los gastos se habrían contabilizado de forma incorrecta y anticipada, pero sin que ello constituya una actividad delictiva.
Para el juicio, la defensa de González Amador propone la declaración de su defendido, de los otros cuatro investigados por las facturas falsas y de dos peritos de parte que defenderán la legalidad de las declaraciones tributarias.
González Amador se enfrenta a una petición de 3 años y 9 meses de cárcel por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.
