El próximo jueves día 26, el Consejo de Estado deliberará sobre el dictamen solicitado por el Gobierno, respecto al anteproyecto de ley que pretende, mediante una reforma constitucional, introducir el aborto como derecho, en el art. 43 de nuestra carta magna, bajo la cobertura del derecho a la protección de la salud. 

“Se pretende forzar nuestro texto constitucional, intentando crear un mal llamado derecho al aborto, inexistente en la inmensa mayoría de las legislaciones del mundo.

La mayoritaria doctrina del Tribunal Constitucional afirma que el Estado tiene un deber positivo de protección del no nacido, constituyendo un bien jurídico protegido. Nos encontramos ante una iniciativa de extraordinaria gravedad jurídica e institucional.

La maniobra es clara: desplazar artificialmente el debate desde el artículo 15 de la Constitución —que reconoce el derecho a la vida de “todos”— hacia el artículo 43, de naturaleza prestacional, con el objetivo de evitar el procedimiento agravado de reforma constitucional del artículo 168 CE, que exige la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, y someter la reforma al procedimiento ordinario del artículo 167 CE” reza un comunicado de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad . 

Dicen que eludir la intervención reforzada del poder constituyente para alterar, por la puerta de atrás, el significado estructural del derecho a la vida. “Este planteamiento constituye un auténtico fraude de ley constitucional”.

La Asamblea por la Vida, apela a la conciencia de los miembros del Consejo de Estado, recordando que la práctica del aborto supone la eliminación violenta de seres humanos indefensos, y que no puede sostenerse, bajo malabarismos jurídicos inexistentes en nuestro texto constitucional, un pretendido derecho ni siquiera de rango prestacional, a acabar con la vida humana, aunque sea en la fase de gestación, por ser ésta parte necesaria del devenir de la vida de la persona (STC 1985). 

“Estamos ante una estrategia movida por intereses puramente partidistas y electorales, que ha encontrado en este trascendental asunto el instrumento idóneo para ocultar los escándalos de corrupción que se acumulan. Pero no es solo una cortina de humo: se está dando un paso decisivo hacia la constitucionalización del aborto en España.

Una vez más, el Gobierno instrumentaliza una institución de gran historia y prestigio sin reparar en el daño que pueda causar al dividir y fracturar el Consejo. La finalidad es clara: tapar los escándalos y las derrotas electorales y revestir el final de esta legislatura de un pretendido carácter constituyente.

La sociedad española, y quienes ocupan cargos en las distintas instituciones, no pueden prestarse a entrar en artificiales debates, alejados de cualquier demanda social inexistente al respecto, y que ponen en franca tensión nuestro ordenamiento jurídico constitucional” explican. 

Entienden que “el Consejo de Estado no está llamado a legitimar estrategias jurídicas orientadas a sortear las garantías reforzadas previstas por la propia Constitución, sino a velar por su correcta interpretación y por el respeto a su estructura. España necesita instituciones que refuercen el Estado de Derecho, no que avalen atajos interpretativos para alcanzar objetivos políticos coyunturales.

La defensa de la Constitución exige respeto a su letra, a su espíritu y a las garantías que el propio constituyente estableció para proteger sus pilares fundamentales. La Constitución española protege la vida.

Lo que no reconoce, ni puede reconocer sin alterarse profundamente a sí misma, es un supuesto derecho a suprimirla”.