CESE DE CONSEJERO DESATA CRISIS EN EL GOBIERNO DE AYUSO TRAS DENUNCIA DE CORRUPCIÓN
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El cese de Emilio Viciana como consejero de Educación de la Comunidad de Madrid ha provocado una fuerte crisis política dentro del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Aunque Viciana ha indicado en redes sociales que su cese fue “a petición propia”, la situación ha generado interrogantes y reacciones en cadena.
Dimisiones y tensiones internas
La marcha de Viciana ha impulsado la dimisión de varios diputados y altos cargos, incluyendo a Antonio Castillo Algarra, considerado el gurú educativo de Ayuso. Algarra ha señalado directamente al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, como responsable de la salida de este grupo, apodado “los pocholos” dentro del PP de Madrid, dejando espacio al ala más dura y tradicional del partido.
¿Falta de avances en la ley universitaria?
La Comunidad de Madrid no ha ofrecido una justificación detallada del cese, pero algunas fuentes apuntan a la pérdida de confianza de Ayuso debido a la falta de avances en la nueva ley universitaria, que la presidenta ha anunciado que modificará tras la salida de Viciana.
El caso de corrupción destapado por Viciana
Otro factor clave en esta crisis es un caso de presunta corrupción destapado por Viciana en 2024. Todo comenzó a finales de 2023, cuando la Consejería recibió un burofax de un empresario reclamando 1,6 millones de euros por la construcción de un centro sanitario de prácticas de FP en el complejo Ciudad Escolar en 2021, una deuda que no había sido saldada.
La investigación interna reveló graves irregularidades: la construcción del edificio se había adjudicado directamente, sin licitación, a pesar de haber costado 2,5 millones de euros. Para poder realizar los pagos sin levantar sospechas, se habían fraccionado las facturas, simulando trabajos independientes en lugar de una obra completa que requería concurso público.
El 13 de marzo de 2024, la Consejería envió un escrito a la Fiscalía alertando sobre los indicios de ilegalidad, abriendo así la puerta a un caso judicial que afectaba al PP. Se trataba, en esencia, de una denuncia de un consejero de Ayuso contra hechos ocurridos bajo el mando de personas de su confianza.
Viciana también trasladó a la Fiscalía un segundo caso relacionado con la Escuela de Arte de Alcalá, construida con el mismo sistema ilegal. Además, encargó auditorías de otros centros para conocer la magnitud del escándalo. Investigaciones posteriores revelaron al menos otros nueve casos de centros escolares construidos de forma irregular.
Ossorio y Albert, en el punto de mira
Estas acciones de Viciana generaron preocupación dentro del gobierno de Ayuso, ya que el caso podría comprometer a dos figuras clave: Enrique Ossorio, consejero de Educación durante la época del escándalo y actual presidente de la Asamblea de la Comunidad, y Rocío Albert, actual consejera de Economía y Hacienda, quien era viceconsejera de Educación y mano derecha de Ossorio en el momento de los hechos.
La Fiscalía encontró “groseras y palmarias” omisiones del procedimiento legal, investigó más centros y trasladó la investigación al juzgado número 39 de Madrid. La jueza encargada admitió la denuncia a trámite en octubre de 2024 y ha solicitado una prórroga para investigar, citando a los directores de siete institutos más y llamando a declarar como investigado a un alto cargo de Ayuso de esa época.
La constatación de que el caso judicial avanza y que la jueza está apuntando hacia la primera línea de la Consejería de Educación ha exacerbado el malestar dentro del núcleo duro de Ayuso, especialmente porque la gestión de Viciana con el escándalo FP –airear las irregularidades y llevarlas a la justicia– contrasta con la estrategia habitual del gobierno de negar, desviar la atención o atacar a los denunciantes cuando un caso les afecta.
