Parlamento de Canarias investigará las obras del proyecto turístico Cuna del Alma
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
El Parlamento de Canarias ha admitido a trámite una denuncia administrativa presentada por colectivos sociales y ecologistas en relación con las obras del proyecto turístico Cuna del Alma, ubicado en la zona de servidumbre de protección de la costa en El Puertito de Adeje, Tenerife.
Denuncia y Proceso Parlamentario
La denuncia, presentada por organizaciones como El Tagoror Permanente Rotativo, Rebelión Científica Canarias, La Gaveta 20A, la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN), y la familia Galindo, afectada por expropiaciones, ha sido remitida también a diversas instituciones, incluyendo la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo regional, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), el Cabildo de Tenerife y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La Mesa del Parlamento ha encomendado a la Comisión de Estatuto de los Diputados y de Peticiones el estudio de la denuncia. Esta comisión, integrada por representantes de todos los partidos políticos, deberá emitir un acuerdo final y notificarlo a los denunciantes, quienes podrían ser convocados a una “audiencia especial” para exponer los detalles de la denuncia.
Alcance de la Investigación Parlamentaria
Si bien el Parlamento no tiene la facultad de paralizar las obras, sí puede exigir al Gobierno de Canarias la entrega de expedientes, informes y documentos relacionados con Cuna del Alma, así como solicitar la rendición de cuentas o incluso abrir una comisión de investigación. Se espera que la comisión tome una decisión en un plazo de tres meses.
Preocupaciones de los Colectivos Denunciantes
Los colectivos denunciantes señalan una supuesta “complicidad institucional” del Gobierno de Canarias para facilitar la tramitación de Cuna del Alma, un proyecto que contempla la construcción de más de 3.600 camas turísticas en una de las últimas zonas libres de cemento del sur de Tenerife, rodeada de espacios protegidos como una Zona de Especial Conservación (ZEC), un Sitio de Interés Científico (SIC) y un Lugar de Interés Geológico (LIG).
La denuncia se centra en las obras autorizadas en la franja de protección del litoral, donde los usos están muy restringidos. Los colectivos argumentan que la autorización de obras como una piscina descubierta, un restaurante y un aparcamiento para buggies, bajo el argumento de que son “convenientes” para el modelo turístico canario, carece de una “motivación reforzada” y no tiene en cuenta la realidad territorial y socioeconómica de Adeje, un municipio con alta presión urbanística y turística.
Impacto y Consecuencias
Advierten que el proyecto agravará los desequilibrios territoriales existentes, incrementando la presión sobre el litoral, dificultando el acceso a la vivienda y profundizando un modelo de saturación turística con consecuencias como la inflación, el colapso de las carreteras, la contaminación y la falta de recursos.
También mencionan un informe del MITECO que alertó sobre la falta de información para evaluar adecuadamente las obras en la franja de protección de la costa, y la aparente contradicción con las promesas del consejero de Transición Ecológica y Energía del Archipiélago, quien había asegurado ser “escrupuloso con la legalidad”.
Finalmente, la denuncia alerta sobre una dinámica de “hechos consumados” y presuntas coacciones e irregularidades en el funcionamiento de la Junta de Compensación de la iniciativa, solicitando la suspensión inmediata de las obras, una inspección de la zona y la depuración de responsabilidades de los funcionarios que hayan permitido los trabajos.
