NUEVA LEY DE AMNISTÍA EN VENEZUELA: ¿PERDÓN Y OLVIDO O UN PUENTE HACIA LA DEMOCRACIA?
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Una reciente ley de amnistía en Venezuela promete liberar a miles de presos políticos, pero sus limitaciones y exclusiones han generado un debate sobre su alcance y verdaderas intenciones.
El caso de Juan Ernesto: Un activista atrapado en las grietas de la ley
Juan Ernesto, un activista de derechos humanos, fue detenido en Caracas en 2024 por un comando policial. Tras ser interrogado y mantenido en una celda con otros 14 prisioneros, fue liberado con medidas cautelares que le impiden hablar con la prensa y le obligan a presentarse ante un tribunal cada 30 días. Aunque celebra la liberación de algunos presos políticos, la nueva ley de amnistía no lo beneficia directamente.
Para Juan Ernesto, esta ley es insuficiente. Considera que bajo sus términos, figuras como Hugo Chávez tampoco habrían sido amnistiadas tras el golpe de Estado fallido de 1992.
La represión en Venezuela: Un problema persistente
La represión política en Venezuela no es un fenómeno nuevo. Desde la presidencia de Hugo Chávez, la disidencia ha sido criminalizada. Con Maduro, esta represión se intensificó, afectando no solo a figuras políticas, sino también a estudiantes y ciudadanos comunes.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado la práctica de liberar a presos políticos antes de cumbres internacionales para luego arrestar a otros, convirtiendo la libertad en una moneda de cambio política.
Análisis de la Ley de Amnistía
La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en febrero de 2026. Si bien abarca un período desde 1999 hasta la fecha, su alcance es limitado. El artículo 8 restringe la amnistía a 13 episodios específicos, dejando fuera muchos casos de persecución política.
Además, excluye delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, narcotráfico, corrupción y la participación en acciones armadas con intervención extranjera. Esta última cláusula podría afectar a figuras de la oposición como María Corina Machado.
Aunque se estima que 2.742 personas podrían beneficiarse de inmediato, quedan fuera militares procesados por rebelión, personas detenidas en períodos no contemplados y aquellos cuya persecución política se disfrazó de delito común.
Críticas de las organizaciones de derechos humanos
Las principales ONG venezolanas coinciden en que la ley es insuficiente. Foro Penal ha entregado una lista de casos excluidos, mientras que otras organizaciones como COFAVIC critican que la ley no prevé justicia transicional, ni Comisión de la Verdad, ni reparación para las víctimas.
COFAVIC advierte sobre el riesgo de “impunidad por absorción”, donde el Estado se perdona a sí mismo por la represión al perdonar a los disidentes. Provea denuncia que la ley califica como “hechos violentos” lo que fueron protestas legítimas.
¿Un puente hacia la democracia?
Mibelis Acevedo, periodista y experta en transiciones políticas, señala que las leyes de amnistía pueden ser un “puente de plata” para facilitar el paso del autoritarismo a la democracia. Sin embargo, advierte que esta ley, en su forma actual, se asemeja a las autoamnistías gestionadas por gobiernos no democráticos.
Acevedo reconoce que esta ley es la primera vez que un Gobierno venezolano reconoce la existencia de presos políticos en sentido amplio. Sin embargo, critica que no es una ley de justicia transicional, ya que no hay verdad, reparación ni garantías de no repetición.
A pesar de sus limitaciones, la ley de amnistía representa un pequeño paso hacia una transición democrática en Venezuela. El gobierno ha anunciado que revisará más de 11.000 casos adicionales, ofreciendo la posibilidad de libertad plena a aquellos que tienen medidas cautelares. Juan Ernesto, a pesar de no estar directamente beneficiado, ve en esta ley un impulso para futuros cambios.
