El PP defiende la privatización de servicios básicos en parlamentos, tribunales y calles
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El Partido Popular (PP) ha intensificado su defensa de la privatización de servicios básicos como la sanidad y la educación, respondiendo a las iniciativas del Gobierno central para limitar la expansión de lo privado en estos sectores. La estrategia del PP se despliega en varios frentes: legislativo, a través de leyes autonómicas; judicial, mediante la presentación de recursos; y en el debate público, defendiendo la “colaboración público-privada” y la “libertad de elección”.
El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo se opone a las medidas del Ejecutivo en favor de lo público en todos los niveles educativos y sanitarios. Esta confrontación se manifiesta tanto en el Congreso como en las asambleas autonómicas, en los medios de comunicación y en los tribunales, reflejando una disputa ideológica sobre el modelo de país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la estrategia del PP, acusándolos de recortar recursos para deteriorar los servicios públicos y luego proponer la privatización como única solución.
La ofensiva contra el decreto universitario
Una de las últimas acciones del PP ha sido recurrir el Real Decreto que endurece los requisitos para la creación y el mantenimiento de universidades. Los populares alegan que el decreto “invade competencias” y buscan su derogación en el Congreso, argumentando que el Gobierno se ha extralimitado en la regulación de una materia que requiere rango de ley. Sin embargo, este decreto cuenta con el respaldo de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), sindicatos, estudiantes y otros partidos.
El PP también ha criticado la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que busca limitar la privatización del sistema sanitario iniciada en 1997. El partido argumenta que esta ley es un ataque a la libertad y a un modelo que funciona, priorizando el “sectarismo” ideológico sobre la eficiencia.
El Gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, ha defendido su modelo de “colaboración público-privada” en la sanidad, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley, argumentando una invasión de competencias.
En el ámbito de la Formación Profesional (FP), el PP también se opone a la intención del Gobierno de limitar la expansión privada, acusando al Ejecutivo de atacar un sector que ofrece oportunidades a los ciudadanos.
Regulación a favor de lo privado en las autonomías
Además de oponerse a las medidas del Gobierno central, el PP promueve la regulación a favor de lo privado en las comunidades autónomas donde gobierna, especialmente en Madrid y Andalucía.
En Madrid, un proyecto de ley facilita el acceso de las universidades privadas a los recursos de los campus públicos. En Andalucía, se ha aprobado una ley que otorga voto a las universidades privadas en el diseño del sistema público.
La Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa madrileña, aprobada en 2022, es un ejemplo de esta estrategia. Esta normativa busca “blindar” la escuela privada concertada, introduciendo el concepto de “demanda social” para justificar la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos.
El PP también ha recurrido a los tribunales para intentar tumbar la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), acusándola de atacar a la concertada. Asimismo, ha llevado sus quejas a Europa, aunque sin éxito.
La Comunidad de Madrid también ha creado el “cheque-bachillerato”, que financia parte de las matrículas en centros privados para familias con ingresos de hasta 140.000 euros al año.
