El Algarrobico: La mole paralizada que desafía a la justicia española tras 20 años
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El 21 de febrero de 2006, un juez firmó la primera de una larga serie de resoluciones sobre el inacabado hotel en la playa de El Algarrobico, Carboneras (Almería), ordenando la paralización de las obras del hotel Azata del Sol. Dos días después, la Guardia Civil detuvo la construcción. Desde entonces, no se ha añadido ni retirado un solo ladrillo.
Cuarenta sentencias y dos décadas de inacción
El abogado José Ignacio Domínguez, representante de la asociación Salvemos Mojácar, quien solicitó la medida cautelar, destaca que la resolución judicial inicial fue la más relevante y efectiva en relación con el hotel. Los ecologistas señalan que existen 40 resoluciones judiciales que confirman que el hotel no puede estar allí, ya que se encuentra en una zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre e invade terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata. El Tribunal Supremo ha emitido 14 sentencias en la misma línea.
A pesar de las numerosas resoluciones judiciales, la realidad material no ha cambiado. Domínguez lamenta que la normativa urbanística de Carboneras no se haya modificado desde 1994, cuando se protegieron los terrenos por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata, lo que considera un fracaso de las administraciones y la justicia.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio por cumplida la obligación del Ayuntamiento de incluir la no urbanizabilidad de los terrenos en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, queda pendiente la demolición del hotel y la restauración del terreno a su estado original.
Un sistema garantista que resulta ineficaz
La situación en la playa permanece congelada desde 2006, con el hotel desafiando al mar a pocos metros de la costa. El Algarrobico destaca no solo por su cuestionable estética, sino también por evidenciar la incapacidad del sistema judicial para garantizar el cumplimiento de las leyes y sentencias. Un juez predijo que el salitre acabaría derribando el hotel, una declaración frustrante viniendo de un representante de la justicia. Domínguez critica el sistema “garantista” que permite dilaciones por parte del Ayuntamiento y la promotora.
El Tribunal Supremo ha evitado ordenar directamente la demolición, dejando la iniciativa al Ayuntamiento, que ha mostrado reticencia. Domínguez sugiere que hubo discrepancias internas en el Tribunal al respecto.
Ilegalidad manifiesta desde el inicio
Desde la primera resolución judicial de 2006 se señalaba que la licencia para construir el hotel era ilegal, ya que invadía la zona de protección de 100 metros desde la orilla, establecida por la Ley de Costas desde 1988. Sin embargo, dos sentencias de 2014, dictadas por una sección del TSJA, contradijeron las resoluciones anteriores, aunque posteriormente fueron anuladas por el Tribunal Supremo y el propio TSJA.
Tras anularse la licencia, aún queda reactivar el proceso judicial para ordenar la demolición, que está suspendido hasta que se anule definitivamente la licencia.
La promesa de empleo como argumento persistente
Javier Nespral, miembro de plataformas vecinales, señala que la población está cansada del proceso. El hotel se construyó con la colaboración de las administraciones, incluida la Junta de Andalucía, que llegó a modificar la clasificación de los terrenos para permitir la construcción. Jaime del Val, presidente de Salvemos Mojácar, dio la voz de alarma y contactó con Domínguez, cuya demanda paralizó el proyecto. Greenpeace y Ecologistas en Acción también se sumaron a la lucha.
Durante años, la promotora y las administraciones han tratado de evitar la demolición, prometiendo a los habitantes de Carboneras que el hotel sería beneficioso. Nespral cree que muchos vecinos preferirían que el hotel se utilizara para generar empleo, sin considerar las implicaciones de su estructura y mantenimiento. El Ayuntamiento sostiene que el hotel traería desarrollo económico al municipio.
Tras el cierre de la central térmica y las limitaciones a la pesca, el turismo es clave para la economía local. El parque natural se ha convertido en un atractivo turístico importante. Nespral afirma que ahora se valora más la conservación del entorno natural como fuente de ingresos.
La actitud dilatoria del Ayuntamiento
Existe la percepción de que el Ayuntamiento ha actuado de forma dilatoria, con cambios de gobierno y diversas excusas para no cumplir las sentencias. Domínguez califica la actitud del Ayuntamiento como un caso excepcional de rebeldía procesal. El TSJA ha advertido a los alcaldes con sanciones, pero nunca las ha aplicado.
Actualmente, la revisión de la licencia debe pasar por el Consejo Consultivo de Andalucía, pero el expediente se envió tarde e incompleto, lo que podría obligar a empezar de nuevo el proceso. Domínguez propone que el TSJA revise la licencia para agilizar el proceso.
Greenpeace entregó una tarta con forma de hotel al alcalde para pedirle que cese en sus “argucias”. El alcalde defiende el “interés general del pueblo” ante una posible indemnización a la promotora.
Domínguez cree que la expropiación impulsada por el Gobierno podría acelerar el proceso, aunque la falta de acuerdo sobre el precio podría generar otro litigio. Sin embargo, este proceso no dependería del Ayuntamiento, considerado el principal obstáculo.
Domínguez concluye que no imaginaba que el proceso llevaría tanto tiempo, mientras que Del Val sugiere que el colapso climático podría derribar el hotel antes que el cumplimiento de las sentencias judiciales.
