23F: A 45 años del golpe de Estado, la verdad aún se esconde
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El Consejo de Ministros tiene previsto desclasificar este martes los documentos relacionados con el 23F. A pesar de que han pasado más de cuatro décadas, la verdad completa sobre este evento sigue siendo esquiva.
El 23F como culminación de una conspiración
El golpe de Estado del 23F no fue un suceso aislado, sino el resultado de una conspiración continua que se desarrolló en España tras la muerte de Franco. Diversos sectores militares, económicos, políticos y mediáticos se oponían a la consolidación de la democracia y la recuperación de las libertades.
El asalto al Congreso de los Diputados por parte de guardias civiles liderados por Antonio Tejero y la toma de Valencia por Jaime Milans del Bosch fueron la materialización de un plan que se había gestado durante meses.
La versión oficial cuestionada
La historiografía oficial ha presentado la transición española como un período ejemplar, minimizando el golpe del 23F como un “accidente” protagonizado por militares nostálgicos. Se ha afirmado que el golpe fracasó gracias a la lealtad del Ejército y la actuación decisiva del rey Juan Carlos I. Sin embargo, esta versión ha sido refutada por diversas evidencias.
La lealtad del ejército en entredicho
Un documento encontrado en el archivo personal de Alberto Oliart, ministro de Defensa entre 1981 y 1982, revela que solo tres de los once capitanes generales se mantuvieron leales a la Constitución. Los demás esperaron el desarrollo de los acontecimientos y, de haber triunfado la División Acorazada Brunete en Madrid, se habrían sumado al golpe.
El papel del Rey Juan Carlos I
La primera intervención pública del rey Juan Carlos I en televisión para condenar el golpe se produjo a la 1:14 de la madrugada del 24 de febrero, siete horas después del asalto al Congreso. Previamente, el general Alfonso Armada había intentado ofrecerse como presidente de un gobierno de concentración, pero fracasó.
Según declaraciones del general Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, el monarca habló con Armada antes de su intento de negociar en el Congreso. Fernández Campo afirmó que transmitió a Armada la orden del rey de actuar bajo su propia responsabilidad y sin invocar el nombre del monarca.
Armada y Tejero: un desencuentro clave
La reunión entre Armada y Tejero en el Congreso fue crucial. Tejero rechazó la composición del gobierno que Armada pretendía proponer, al incluir a representantes de todos los partidos excepto los nacionalistas. Tejero, que esperaba una Junta Militar, se sintió engañado y, sin quererlo, frustró el golpe.
Una investigación limitada
La investigación sumarial del 23F se centró en los protagonistas más visibles, condenando a aquellos que aparecieron en televisión con sus fusiles. Se conformó con juzgar a los responsables de la toma del Congreso y el desfile de carros de combate en Valencia, sin profundizar en todos los detalles de la conspiración.
Alberto Oliart, ministro de Defensa tras el golpe, relató que el juez instructor, José María García Escudero, le planteó la posibilidad de procesar a toda la División Acorazada Brunete y la División Maestrazgo, o solo a los jefes, oficiales y altos mandos. Oliart optó por procesar únicamente a la jefatura, decisión que asegura fue refrendada por el presidente del Gobierno y el propio rey.
Escuchas telefónicas selectivas
Las intervenciones telefónicas ordenadas por Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, son otro punto controvertido de la investigación. Se “pincharon” los teléfonos de varios implicados, pero las transcripciones solo registran conversaciones posteriores al mensaje televisivo del rey, sin incluir las siete horas previas al mismo.
Laína también ordenó intervenir los teléfonos del Congreso, pero estas grabaciones no existen oficialmente, aunque se dice que una copia está en posesión de la familia del entonces número dos del Ministerio del Interior.
Un juicio indulgente y penas reducidas
El juicio por el 23F se celebró un año después del golpe y concluyó con una sentencia benévola del tribunal militar, que condenó a 22 de los procesados y absolvió a los 11 restantes. El Consejo de Ministros recurrió el fallo ante el Tribunal Supremo, que elevó algunas de las penas.
El general Armada, condenado inicialmente a seis años, vio aumentada su pena a treinta años. Fue indultado en 1988 tras ocho años de reclusión. Milans del Bosch obtuvo la libertad condicional en 1990, tras nueve años en prisión. Antonio Tejero fue excarcelado en 1996, tras quince años en prisión, aunque desde 1993 disfrutaba del tercer régimen penitenciario. El resto de los golpistas no cumplieron más de cinco años de prisión efectiva.
La deuda pendiente con la verdad
A 44 años de los hechos, ninguno de los gobiernos del PSOE o PP ha tenido la voluntad política de hacer públicos los documentos que permitirían conocer todos los detalles del 23F. La versión oficial, basada en el fallo judicial, sigue siendo la verdad irrefutable para muchos.
