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El Ministerio de Trabajo de España se encuentra nuevamente con la problemática de la inteligencia artificial (IA) al intentar reformar el régimen laboral de los artistas. Esta situación, similar a la enfrentada por el Ministerio de Cultura hace un año, ha generado divisiones en el sector.

Descontento generalizado ante el decreto urgente

El real decreto urgente impulsado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, con el objetivo de actualizar el Estatuto del Artista, ha provocado una oleada de alegaciones y un clima de insatisfacción generalizada. Las patronales lo consideran “mejorable”, los sindicatos lo aceptan como un mal menor, y los colectivos de autores lo rechazan por considerarlo inasumible.

El artículo 13, foco de la discordia

Las discrepancias se centran en el artículo 13, que regula el uso de la IA en los contratos de actores, músicos, bailarines y guionistas. Aunque el texto permite a las productoras utilizar la IA sobre la voz, la imagen o el trabajo de un artista, limitando su uso a la obra contratada, persisten puntos conflictivos.

La remisión de parte del desarrollo a la negociación colectiva y el uso de conceptos ambiguos como “contenidos reconocibles” o modificaciones “significativas” generan inquietud en algunos colectivos.

Posturas encontradas entre patronales y sindicatos

Tras un primer borrador considerado muy restrictivo por la patronal, se ha logrado un entendimiento frágil que permite fijar principios generales y delegar los detalles a los convenios colectivos. Sin embargo, este acuerdo ha excluido a las entidades de gestión y otros colectivos de autores de las mesas de negociación.

La Unión de Actores y Actrices, aunque sin un acuerdo formal, considera el texto como un primer paso asumible, similar a lo que se ha hecho en Alemania o Estados Unidos. El sindicato destaca la importancia de que el uso de la IA quede circunscrito a la obra y al contrato, sin implicar la eliminación o sustitución significativa de trabajadores.

Críticas desde el sector autoral

ALMA, el sindicato de guionistas, se muestra más crítico, rechazando el término “IA generativa” y cuestionando el concepto de “contenidos reconocibles”, que podría permitir la generación de historias derivadas sin que el plagio sea identificable. También advierte sobre las modificaciones no “significativas”, que podrían amparar secuelas o desarrollos posteriores.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) plantea objeciones más amplias, argumentando que una norma laboral no debe legitimar el uso de sistemas de IA generativa en los procesos creativos, ya que afecta a derechos de propiedad intelectual y de la propia imagen protegidos por leyes de rango superior.

Aisge, que gestiona los derechos de los intérpretes, también rechaza la propuesta de Trabajo, calificando el artículo 13 de “despropósito” e inviable para el modelo español.

El sector audiovisual defiende el uso de la IA para la competitividad

La Alianza Audiovisual advierte de que el decreto podría contravenir la legislación sobre propiedad intelectual y protección de la propia imagen, permitiendo el uso general de IA sobre imagen, voz y trabajo del artista sin un consentimiento expreso y específico, lo que abriría la puerta a explotaciones posteriores no previstas.

Desde el sector empresarial, se defiende la necesidad de utilizar las mejores tecnologías para mantener la competitividad y consolidar a España como destino de rodajes internacionales.

Aprobación urgente y futuro incierto

A pesar de las críticas, Trabajo sigue adelante con el decreto, que ya ha sido aprobado por la vía urgente por el Consejo de Ministros.

El Consejo de Estado debe emitir ahora su dictamen antes de la aprobación definitiva, con el objetivo de culminar el proceso antes del verano.

El Estatuto del Artista acumula plazos incumplidos desde hace más de siete años, y las negociaciones sobre la regulación de la IA siguen siendo difíciles, sin un acuerdo generalizado.