La muerte de Teófilo del Valle, 50 años después: un crimen de la Transición aún impune
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Teófilo del Valle Pérez, un joven de 20 años, fue asesinado por un policía el 24 de febrero de 1976 en Elda (Alicante). Su muerte se convirtió en la primera víctima mortal a manos de las fuerzas de seguridad del Estado durante la Transición española.
Trabajaba en una fábrica de bolsos y la comarca se encontraba en plena huelga del sector del calzado. En medio de la represión, Teófilo huía de los agentes cuando recibió seis disparos por la espalda, dos de los cuales le causaron la muerte. El caso fue instruido por la justicia militar, que absolvió al agente Daniel Aroca del Rey.
La familia de Teófilo nunca fue informada de la investigación ni recibió compensación alguna. Ahora, al cumplirse 50 años del suceso, la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) ha intentado reabrir el caso. El juzgado ha pospuesto la declaración de Aroca y de Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en aquel momento.
El contexto de la época
Según el investigador y cineasta Manuel de Juan Navarro, la exportación de calzado en aquellos años era una importante fuente de divisas para España, comparable al turismo y a las remesas de los emigrantes. Elda era una de las zonas más productivas, gracias a las largas jornadas laborales y al dinamismo de las reivindicaciones laborales.
De Juan explica que en esta comarca se producía el 80% del calzado español y los representantes elegidos en las fábricas no eran reconocidos por el Sindicato Vertical.
Dos jornadas de lucha que terminaron en tragedia
El 23 de febrero de 1976, miles de trabajadores se congregaron en la plaza central de Elda. La Policía Armada vigilaba la manifestación mientras se dirigían hacia Petrer para concentrarse frente al edificio del Sindicato Vertical. Las cargas policiales fueron brutales.
Según De Juan, la Policía provocó una situación de caos y mintió en sus informes al afirmar que los trabajadores les atacaron con piedras.
El 24 de febrero, la Policía Militar impidió una asamblea en la plaza Castelar. Esa tarde, los obreros huyeron de los agentes. Alrededor de las 22:00 horas, cuando los policías se retiraban en autobuses, un grupo de jóvenes les insultó y les lanzó una piedra. El sargento Laureano Ballesteros ordenó a los agentes que descendieran.
Aroca disparó hasta seis tiros por la espalda a Teófilo del Valle, quien trabajaba en la fábrica de bolsos Soler. Una bala le entró por un tobillo y otra le penetró en la nuca, causándole la muerte.
Absolución del policía
El juez que instruyó el caso concluyó que Aroca disparó a matar. Sin embargo, durante su primera declaración, Aroca admitió haber disparado al cuerpo, pero al día siguiente lo negó, alegando que el juez le obligó a confesar. El caso pasó a la jurisdicción militar.
José Antonio del Valle, hermano de Teófilo, recuerda que su familia siempre pensó que la bala que mató a su hermano había rebotado. Su padre intentó estar presente en el juicio a través de un abogado, pero la jurisdicción militar no se lo permitió.
El consejo de guerra tuvo lugar el 6 de julio. El debate se centró en si la bala alojada en la nuca había sido un rebote. El fiscal militar reconoció que el agente había disparado sin tomar precauciones y que había cometido un homicidio imprudente, solicitando dos años de prisión, inhabilitación y una indemnización de 650.000 pesetas para la familia Del Valle.
A pesar de todo, Aroca fue absuelto por actuar en cumplimiento de su deber. Salió en libertad y reingresó en el cuerpo policial. La familia Del Valle nunca fue indemnizada.
José Antonio lamenta que sus padres murieran sin saber lo que realmente ocurrió y afirma que, 50 años después, las estructuras de la dictadura seguían operando.
Martín Villa intenta evitar declarar
Jacinto Lara, abogado de Ceaqua, explica que la querella interpuesta en Elda en abril de 2024 podría traer algo de verdad y justicia a la familia Del Valle. Por primera vez, la jueza llamó a declarar como investigados a Martín Villa y Aroca.
La declaración de los investigados, prevista para noviembre de 2025, fue pospuesta debido a problemas tecnológicos. Se fijó una nueva fecha para el 4 de febrero, pero tampoco se llevó a cabo.
La defensa de Martín Villa recurrió la admisión a trámite de la querella. La jueza se basó en el derecho internacional, la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad, la Ley de Memoria Democrática y un informe favorable del fiscal de Memoria. Este recurso fue desestimado.
Martín Villa interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, solicitando la suspensión cautelar de su declaración. La representación de Aroca se adhirió a ello. La jueza no dio curso al escrito y mantuvo las declaraciones.
Días antes del 4 de febrero, la jueza fue sustituida por un nuevo magistrado, quien dejó en suspenso la declaración de los investigados hasta que sus recursos se resolvieran en la Audiencia Provincial de Alicante. Lara ha interpuesto un recurso de reforma ante el juez por esta decisión.
Lara considera sorprendente que, justo ahora que dos personas iban a testificar investigadas por crímenes franquistas, el nuevo magistrado cambie de postura. José Antonio afronta estos momentos con la esperanza de que se haga justicia: “Aquello fue una cosa terrible y nunca se ha hecho justicia. Uno no quiere venganza, quiere justicia”.
