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El Consejo de Estado se encuentra deliberando sobre el anteproyecto de ley del Gobierno que busca incorporar el aborto como un supuesto derecho en la Constitución. Esta iniciativa ha generado controversia y ha sido calificada por algunos expertos como un posible “fraude de ley”.

La controversia sobre la vía legal elegida

El doctor en Derecho Constitucional, Jesús Trillo, ha manifestado que la propuesta del Gobierno podría ser una maniobra con fines electoralistas y con pocas posibilidades de prosperar. La clave de la controversia reside en la vía que el Ejecutivo pretende utilizar para introducir el aborto en la Carta Magna: el artículo 43, que reconoce el derecho a la salud como un principio rector de la política social y económica.

Según Trillo, esta no sería la vía correcta, ya que el aborto entraría en conflicto con el artículo 15, que protege el derecho a la vida y que, hasta una sentencia de 2023, amparaba al no nacido como un “bien jurídico protegido”.

Un atajo para evitar una reforma constitucional compleja

Se argumenta que la utilización del artículo 43 es un intento de evitar la reforma agravada de la Constitución, la establecida en el artículo 168, que exige una mayoría de dos tercios de ambas cámaras, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones constituyentes. La estrategia del Gobierno apuntaría a una reforma más sencilla, la del artículo 167, que solo requiere tres quintas partes del Congreso y el Senado.

“Esto es un fraude de ley clarísimo, porque es utilizar el artículo 43 para fines distintos a los previstos en la propia constitución”, ha afirmado Trillo.

Anomalía en el derecho comparado

Jesús Trillo ha señalado que la iniciativa del Gobierno representa una anomalía en el derecho comparado, mencionando que solo la Constitución francesa recoge algo similar. No obstante, matizó que la reforma gala no es equiparable, ya que no consagra un “derecho al aborto” como tal, sino que establece que “la ley regulará los medios de libertad garantizada para que la mujer pueda llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo”.

Trillo cuestiona la terminología empleada, preguntándose cómo se puede hablar de un “derecho a matar” y considerando que la propuesta española va más allá de lo legislado en otros países.

Falta de apoyos y “cortina de humo”

El doctor en Derecho Constitucional se ha mostrado convencido de que la propuesta no prosperará por falta de apoyos, ya que la reforma requeriría 210 diputados y 107 senadores, una mayoría de la que el Gobierno carece. Por ello, Trillo considera la iniciativa como un debate “totalmente artificial” y una “cortina de humo” propia de lo que denomina el “tardosanchismo”, con el objetivo de “incordiar, una vez más, y enfrentar”.

Reacciones y postura de asociaciones pro-vida

En este contexto, la Asamblea por la Vida, que agrupa a 140 asociaciones, ha hecho un llamamiento al Consejo de Estado para que “no contribuya a un fraude de ley constitucional”, argumentando que no se trata de proteger la salud de la mujer, sino de “acabar con la vida del concebido”.

El debate sobre el aborto a nivel internacional

A pesar de la situación actual, Trillo considera que la “batalla no está perdida en la sociedad española”, recordando que la jurisprudencia está cambiando en otros países, como en Estados Unidos con la sentencia ‘Dobbs’ del Tribunal Supremo, que revirtió la anterior doctrina que consagraba el aborto como un derecho. “En todos lados está, por desgracia, reconocido el aborto, pero va retrocediendo”, concluyó, señalando que la ciencia moderna determina claramente la existencia de vida desde el momento de la concepción.