España y los Secretos de Estado: Un Derecho Aplazado
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España se distingue en Europa por su particular enfoque en la gestión de los secretos de Estado. A diferencia de otros países donde la transparencia es la norma tras un período determinado, en España rige el principio de que todo es secreto, salvo excepciones.
En esencia, los secretos de un país representan el derecho postergado de sus ciudadanos a comprender las verdaderas razones detrás de decisiones, conflictos y gestiones públicas, cuya completa comprensión solo se alcanza décadas después. Son la pieza final de un rompecabezas que nunca se completó o que se presentó de manera distorsionada.
El 23F: Un Ejemplo de la Necesidad de Transparencia
Han transcurrido 45 años desde el 23F, un evento que, con el tiempo, se ha idealizado. Sin embargo, en su momento, impulsó a muchos a prepararse para una posible huida, a resguardar sus documentos y a sintonizar las radios. Si bien el Congreso y los políticos suelen ser retratados como protagonistas de un episodio épico, con el Rey como héroe, no debemos ignorar el sufrimiento que se extendió más allá del parlamento. Aquellas personas que vivieron con angustia la amenaza de un regreso a un régimen de miedo tienen el derecho de conocer las causas y el desarrollo de uno de los momentos más críticos de sus vidas.
La Urgencia de una Nueva Ley de Secretos Oficiales
La legislación vigente en España sobre secretos oficiales data de 1968, una ley franquista que considera la información como secreta por defecto. En contraposición, los países vecinos establecen límites temporales para la clasificación de documentos. El derecho a la información no se limita al franquismo o la transición. Es imperativo que avance la propuesta del Gobierno para actualizar la ley, actualmente estancada en el Congreso.
¿Qué Deben Saber los Españoles?
Los ciudadanos, tanto del presente como del futuro, merecen conocer detalles sobre temas cruciales como las negociaciones con ETA, el espionaje mediante el programa Pegasus, el cambio de postura de España en el conflicto del Sáhara, las razones detrás de la abdicación de Juan Carlos I, y si se pagaron rescates por ciudadanos secuestrados en el extranjero. También, cómo se gestionó el procés o cómo se decidió la visita a la Dana en la que tiraron barro a los reyes.
Esta información pertenece a los españoles de hoy y a las generaciones venideras, a pesar de que, durante un tiempo, se haya priorizado un pacto tácito que permite al Estado custodiar la información en aras de un supuesto bien mayor.
El Derecho a Saber
Es difícil oponerse a la desclasificación de secretos, incluso los partidos políticos que han mostrado reticencias han tenido que recurrir a argumentos rebuscados para justificar su postura. La liberación de archivos genera gran expectación y responde a la necesidad de completar la imagen histórica. El 23F es solo el comienzo; es fundamental reemplazar la ley franquista que consideraba a los españoles incapaces de asimilar una verdad que, en realidad, les pertenece.
