Pablo Hasél: La cárcel como mordaza a la libertad de expresión
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El caso del rapero Pablo Hasél, encarcelado por sus letras y tuits, ha reabierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión en España y el uso del Código Penal para silenciar voces críticas.
El encarcelamiento de un rapero por sus letras
Pablo Hasél, de 37 años, lleva cinco años en prisión no por acciones violentas, sino por el contenido de sus canciones y mensajes en redes sociales. En 2018, la Audiencia Nacional lo condenó a dos años y un día de cárcel, además de una multa, por **enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la Corona e instituciones del Estado**. Los hechos que motivaron la condena fueron 64 tuits y una canción en YouTube donde aludía a ETA y los GRAPO.
Las resoluciones judiciales argumentaron que sus mensajes implicaban una “exaltación de la violencia” y un peligro para el orden constitucional, equiparando sus rimas a un acto de amenaza real. En 2021, se ordenó su ingreso en prisión para cumplir la condena. Amnistía Internacional ha reiterado que su condena fue injusta y desproporcionada, considerándolo un preso político en la España actual.
El debate sobre los límites de la libertad de expresión
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la condena por injurias a la Corona, considerando “infundada” la defensa de Hasél y negando la desproporción de la sentencia. Esta decisión legitima la penalización del insulto al monarca, como si la figura del rey fuese más vulnerable que cualquier otro ciudadano.
En el trasfondo jurídico se encuentra el artículo 578 del Código Penal, utilizado contra expresiones políticas y artísticas, y criticado por organizaciones de derechos humanos que lo consideran una mordaza disfrazada de protección frente al “discurso del odio”. La prisión, en este caso, se convierte en una herramienta para silenciar la disidencia política.
Un mensaje disciplinario
El castigo a Hasél envía un mensaje claro: el poder decide cuál es el límite de lo que se puede decir. Quien sobrepasa ese límite es encarcelado no por sus actos, sino por su expresión. En una democracia, la prisión no debería ser un escarmiento ejemplarizante, sino una respuesta a un daño real.
El Estado español, a través del artículo 578, reprime ciertas expresiones políticas o provocadoras en redes sociales y en el ámbito artístico, erosionando la libertad de expresión. Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que solo se castiguen penalmente las expresiones que inciten, de forma directa y con probabilidad real, a cometer delitos identificables, algo muy diferente a la retórica de un rap combativo.
Indignación y memoria histórica
El encarcelamiento de Hasél es considerado no solo una injusticia jurídica, sino un abuso político y moral. Se le castiga por señalar a la Corona como corrupta, por criticar a la policía o por invocar la memoria de luchas y violencias armadas, mientras la violencia estructural queda impune.
Se utiliza el discurso del odio como coartada para perseguir el discurso del hartazgo, la rabia y la memoria histórica. Cuando la cárcel se utiliza contra un rapero por sus palabras, lo que se está encerrando es un determinado tipo de discurso: antimonárquico, anticapitalista, antifascista, insumiso e indignado.
Un termómetro de la credibilidad democrática
El caso de Hasél debería generar indignación y movilización. Defender a Hasél es defender el derecho de cualquier persona a cantar contra el poder, sin temor a la cárcel. Su situación es un termómetro: cuanto más tiempo pase tras los muros, más claro quedará que lo que se deteriora no es solo la libertad de expresión, sino la propia credibilidad democrática del Estado.
