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La reciente activación de un Plan Municipal de Vivienda en Logroño, que contempla la construcción de más de 200 viviendas, de las cuales 128 son de protección oficial (VPO), ha generado controversia en la ciudad. Tras más de 15 años con la VPO prácticamente paralizada, esta iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda a un precio más asequible en barrios como Pedregales Oeste, Calleja Vieja, Portillejo II, Fardachón o La Cava.

El Modelo de Promoción Privada Genera Críticas

El Ayuntamiento ha optado por vender parcelas municipales a promotoras privadas, condicionando la operación a la construcción de VPO. Si bien se celebra la iniciativa, el foco de la polémica reside en el método de adjudicación de estas viviendas. A diferencia de lo que ocurría hace dos décadas, cuando la administración gestionaba directamente la promoción pública de VPO mediante sorteos, ahora son las empresas privadas las que seleccionan a los compradores, siempre y cuando cumplan los requisitos legales establecidos.

Esta decisión ha desatado críticas por parte de la oposición.

PSOE y Partido Riojano denuncian la supuesta “mercantilización” de un derecho básico y la falta de transparencia en el proceso. Argumentan que la ley exige “concurrencia pública y publicidad” y temen que, al dejar la selección en manos de promotoras, se pierda la igualdad de oportunidades y se reduzcan los cupos para jóvenes y colectivos vulnerables.

Denuncias por Falta de Información y Defensa del Sector de la Construcción

El Sindicato de Vivienda de La Rioja también ha expresado su preocupación, denunciando que más de 2.300 solicitantes de VPO no han sido informados adecuadamente sobre cómo acceder a estas viviendas. Esta situación alimenta la sensación generalizada entre los ciudadanos de que, a pesar de la construcción de pisos protegidos, muchos desconocen los procedimientos para optar a ellos.

Por su parte, los empresarios de la construcción defienden la legalidad y transparencia del proceso. Aseguran que el suelo municipal se vendió al máximo precio posible, incluso superando las expectativas iniciales, a través de una licitación pública.

Argumentan que, una vez adquirido el terreno, las empresas asumen todo el riesgo financiero y operativo de la construcción y comercialización de las viviendas, cuyo precio está tasado por debajo del mercado.

El Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja Defienden la Legalidad del Proceso

El Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja han respaldado públicamente el sistema de adjudicación de las VPO, asegurando que cumple con la legislación estatal y autonómica vigente y que cuenta con todas las garantías técnicas. Destacan la existencia de un doble control: la inscripción de los adjudicatarios en el IRVI (Índice de Referencia de Renta para Vivienda) y el cumplimiento de requisitos como el empadronamiento, la no posesión de otra vivienda y la no superación de un límite de ingresos, además de un segundo control por parte de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de La Rioja.

Según los promotores, el modelo utilizado en Logroño es similar al de otras ciudades españolas. La empresa elige a los compradores, pero la administración supervisa rigurosamente que cumplan todos los requisitos legales. Además, señalan que la información sobre las viviendas se ha difundido a través de la prensa y del IRVI.

En este contexto, las empresas constructoras recuerdan que la financiación para la compra de VPO ya no cuenta con las ventajas de antaño, lo que puede generar frustración entre aquellos que obtienen una vivienda por sorteo pero no logran acceder a una hipoteca.

También mencionan ejemplos de promociones públicas de VPO que quedaron desiertas por falta de demanda, subrayando que, en el caso de las promociones privadas, las pérdidas las asume la empresa y no el erario público.