23F: Los Secretos a Voces de un Golpe Anunciado
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La reciente desclasificación de documentos sobre el golpe de Estado del 23F por parte del Gobierno ha revelado que los secretos más guardados sobre este evento son, en realidad, secretos a voces, conocidos por muchos.
Si bien se aplaude la decisión de hacer pública esta información, que llega con años de retraso, es crucial que se sigan tomando medidas para esclarecer nuestra historia reciente. La apertura de archivos y la facilitación del acceso a la documentación son fundamentales para que los historiadores puedan investigar sin obstáculos.
Expectativas vs. Realidad: La Documentación Desclasificada
El anuncio de la desclasificación generó una gran expectativa, pero la portavoz del Gobierno se encargó de moderarla al señalar que se pondría a disposición “toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento”. Esto deja la puerta abierta a la posibilidad de que existan documentos perdidos o destruidos, un aspecto que el Ejecutivo debería aclarar.
Aunque la documentación publicada tiene un valor indudable, especialmente para las generaciones más jóvenes, no resuelve las incógnitas que persisten sobre el golpe desde hace más de cuatro décadas. Gran parte de los documentos ya eran conocidos y se encuentran publicados.
Por ejemplo, se ha divulgado la transcripción de las intervenciones telefónicas en los domicilios de Juan García Carrés y Antonio Tejero. Sin embargo, no se han incluido las transcripciones de los “pinchazos” telefónicos de las líneas del Congreso de los Diputados, que se mantuvieron abiertas durante el golpe.
¿Qué Documentos Faltan?
Tampoco se ha publicado el resultado de la investigación realizada por equipos conjuntos de Policía y Guardia Civil sobre 154 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y 114 personas mencionadas en las conversaciones intervenidas. El ministro Alberto Oliart proporcionó estas cifras en un pleno secreto del Congreso en 1981, pero el resultado de las pesquisas sigue siendo desconocido.
Una característica de la documentación desclasificada es su carácter apócrifo, censurado y con las identidades de las personas aludidas tachadas. Se trata de folios sin membrete ni firma, cuya procedencia se deduce del epígrafe bajo el que se incluyen.
Gran parte de la información desclasificada del Ministerio de Asuntos Exteriores ya se podía consultar en el Archivo General de la Administración (AGA). Tampoco se consideran secretos los 48 documentos que recogen el día a día del juicio según el punto de vista de los agentes del CESID.
Informes Policiales y Valoraciones del CESID
Otra parte de la información desclasificada son informes de las jefaturas superiores de Policía sobre la situación en las distintas regiones policiales tras el golpe, y valoraciones del CESID sobre el ambiente en los cuarteles después de la asonada, la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar y la decisión del Gobierno de recurrirla.
Esta información es relevante porque evidencia el malestar existente en las Fuerzas Armadas y su amplia identificación con los golpistas, una situación que conduciría a una nueva intentona golpista en octubre de 1982, el conocido como “golpe de los coroneles”.
Un Paso Positivo, Pero Insuficiente
El paso dado por el Gobierno es positivo, pero insuficiente. La recuperación de la memoria histórica de este país sigue siendo una asignatura pendiente que no se limita a la derogación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y su sustitución por una nueva Ley de Información Clasificada.
Es necesario modificar también la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que establece plazos de hasta cincuenta años para acceder a documentos tan relevantes como el propio sumario del 23F.
