Europa busca soluciones a la crisis de vivienda con visiones enfrentadas
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Las instituciones europeas buscan una hoja de ruta para abordar la problemática de la vivienda que afecta a gran parte del continente. El aumento de los precios de compraventa (61% en los últimos 15 años) y del alquiler (29% en la UE) impulsó a la Comisión Europea a presentar un Plan de Vivienda Asequible para movilizar 150.000 millones de euros. Además, se designó un comisario europeo específico, Dan Jørgensen, y el Parlamento creó una comisión especial para proponer medidas concretas.
La Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la UE elaboró un informe que el Parlamento Europeo deberá ratificar. El texto, resultado de negociaciones entre liberales, conservadores y socialdemócratas, prioriza las políticas estatales bajo el principio de subsidiaridad, reconociendo las particularidades de los 27 mercados inmobiliarios.
A pesar de ser una declaración de intenciones, el documento evidencia la dificultad para establecer una estrategia común. La eurodiputada socialista Alicia Homs señala que el informe “está lejos de ser perfecto”, aunque valora la inclusión de aspectos como la atención al sinhogarismo, modelos de vivienda alternativa, límites a la especulación y el refuerzo de los derechos de los inquilinos.
Homs destaca la importancia de equilibrar la atención a los derechos de propiedad con la protección de los inquilinos, quienes representan un porcentaje significativo de la población europea.
La “seguridad jurídica” de los propietarios es un tema clave para el Partido Popular, tanto a nivel europeo como nacional. Señalan que la falta de rigor frente a la ocupación puede reducir la oferta de viviendas en el mercado.
IVA superreducido para vivienda social y en alquiler
El informe estima que la Unión Europea necesita 10 millones de viviendas, unas 700.000 en España. La construcción es un pilar central de la propuesta, con recetas como la reducción de trámites burocráticos, el silencio administrativo positivo y la bajada de impuestos.
Se propone ampliar la capacidad de los Estados para aplicar un IVA superreducido a la construcción de vivienda social, rehabilitación o alquiler residencial, permitiendo una reducción del 6-10% al 2-5%.
Homs reconoce la necesidad de construir más, pero enfatiza la importancia de la vivienda pública y asequible, especialmente para la clase media con dificultades para acceder al alquiler o la compra.
Existen discrepancias sobre el papel del parque público de viviendas. Algunos lo ven como una solución de transición hacia el mercado libre.
Un fondo propio para vivienda
La financiación es otro aspecto clave. Se exploran diversas vías, desde los fondos europeos hasta el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para crear una cuenta específica para vivienda, tanto para construcción como para rehabilitación.
Se busca que los Estados revisen sus normas sobre ayudas para facilitar la inversión pública en vivienda social, respetando la diversidad de los mercados nacionales.
Se propone mejorar la transparencia de la información mediante el uso de Eurostat y la creación de una plataforma digital de la UE. La falta de información es un problema común.
A pesar de las diferencias, se valora el acuerdo alcanzado entre grupos con planteamientos diversos. La clave será trasladar estas propuestas a un contexto competencial con sensibilidades diferentes.
