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La decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha urgido a tomar medidas serias respecto a la situación del turno de oficio, con el objetivo de dignificar esta figura esencial que está “al servicio de la ciudadanía los 365 días del año y 24 horas al día”. Vallejo ha enfatizado que mejorar las condiciones de estos profesionales es una prioridad para su junta de gobierno.

Remuneración y Protocolos de Actuación

Si bien valora positivamente el reciente convenio firmado hasta 2026, que actualiza los pagos conforme al IPC, Vallejo recuerda que los profesionales del turno de oficio han experimentado una pérdida constante de poder adquisitivo desde 2011. Además de la cuestión económica, la decana ha señalado la falta de protocolos de actuación ante emergencias, como las alertas sanitarias, generando inseguridad en situaciones de crisis como la pandemia de la COVID-19.

Vallejo ha insistido en la necesidad de establecer un protocolo de emergencias y unificar criterios respecto a las actuaciones telemáticas, una posibilidad que la tecnología permite pero que depende de la voluntad de cada juzgado.

Multirreincidencia y Reforma Judicial

La decana ha descrito la multirreincidencia como un “problema social” y “estructural” que genera “frustración social” y desconfianza en las instituciones. Vallejo ha celebrado el consenso alcanzado en el Ayuntamiento de Barcelona para impulsar una reforma contra esta problemática, destacando que la solución no puede ser únicamente punitiva, sino preventiva y con la colaboración de todas las administraciones.

No obstante, ha advertido que la reforma contra los hurtos multirreincidentes requiere un “refuerzo judicial” para ser efectiva, recordando que los proyectos piloto con más jueces han ofrecido resultados positivos.

Además, ha subrayado la importancia de planes de choque como el Plan Kampai de los Mossos d’Esquadra, siempre y cuando vayan acompañados de una respuesta judicial y social coordinada.

Inseguridad Jurídica en Materia de Vivienda

En relación con la vivienda, Cristina Vallejo ha afirmado que la “sobrerregulación” y la falta de criterios uniformes han generado una profunda inseguridad jurídica, afectando negativamente a la oferta. Ha señalado la lentitud de la justicia, con “20 meses de media para recuperar un inmueble”, como un factor que desincentiva a los propietarios a poner sus pisos en el mercado.

Vallejo ha criticado la confusión en torno al concepto de “gran tenedor”, que difiere entre la ley estatal y la catalana, generando incertidumbre incluso para los profesionales del derecho. Este marco, unido a sanciones elevadas, provoca que muchos pequeños propietarios vendan sus propiedades, favoreciendo la concentración de la vivienda en manos de grandes fondos.

La decana ha enfatizado la necesidad de “clarificar conceptos” y diferenciar entre personas vulnerables que no pueden pagar y las “mafias de la ocupación delincuencial”, que se aprovechan de personas vulnerables o utilizan los inmuebles para actividades ilegales. Por ello, reclama seguridad jurídica para que un propietario pueda recuperar su bien “en 48 horas, y no en 20 meses”.

Críticas a la Legislación y Apuesta por la Mediación

Vallejo ha criticado la forma de legislar en España, afirmando que una norma sin respaldo económico es ineficaz.

Ha citado la ley de vivienda como ejemplo, que promovía el alquiler social sin destinar fondos para ello, empeorando la situación. Para aliviar la sobrecarga del sistema judicial, Vallejo ha defendido la mediación como una vía fundamental, celebrando que la nueva Ley de Eficiencia Procesal obligue a la negociación antes de llegar a juicio. Ha destacado los buenos resultados del Centre ADR del ICAB, que demuestra que es posible “solucionar los problemas fuera del juzgado”.

Pilares para un Cambio Estructural

Finalmente, la decana ha insistido en que el camino hacia un cambio estructural en la justicia pasa por tres pilares: digitalización completa, funcionarios especializados y el refuerzo de la planta judicial. Vallejo ha concluido reivindicando que el poder legislativo “vaya siempre de la mano del de economía” para que ninguna ley se apruebe sin el presupuesto necesario para su ejecución.