ATAQUES A HOSPITALES: LA NUEVA Y ALARMANTE REALIDAD EN LAS GUERRAS MODERNAS
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
El pasado 3 de febrero, un ataque aéreo de las fuerzas gubernamentales alcanzó el hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Lankien, Sudán del Sur. El almacén principal fue destruido, resultando en la pérdida de la mayoría de los suministros esenciales. El hospital había sido evacuado horas antes tras recibir información sobre un posible ataque. Esta instalación era el único proveedor de servicios sanitarios para unas 250.000 personas en Lankien y Pieri, donde otro centro de salud de MSF fue saqueado casi simultáneamente. Estos incidentes dejan a las comunidades locales sin acceso a atención médica.
El caso de Lankien no es aislado. En Sudán, un conflicto en curso se caracteriza por una falta de respeto por la ayuda humanitaria y la asistencia médica. En 2025, este país registró el mayor número de víctimas mortales entre el personal sanitario y los pacientes, con un total de 1.620.
Cuando Al Fasher, en Darfur, cayó tras un asedio de más de 500 días por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el asesinato de al menos 460 pacientes y acompañantes en el Hospital Materno Saudí de la ciudad.
Los ataques contra el personal sanitario y humanitario se han convertido en una constante preocupante. En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la OMS registró 1.348 ataques contra instalaciones médicas, resultando en la muerte de 1.981 trabajadores médicos, humanitarios y pacientes. Esta cifra representa un aumento significativo con respecto a las 944 muertes registradas en 2024.
Tendencias inquietantes
Palestina y Sudán ejemplifican tres tendencias alarmantes destacadas en el informe de MSF “La atención médica, en el punto de mira”: un creciente desprecio por el derecho internacional humanitario por parte de las partes en conflicto, incluyendo a los Estados; un impacto desproporcionado en el personal local; y ataques contra el transporte médico y humanitario, incluyendo ambulancias y vehículos de suministro.
Se ha observado un cambio en la narrativa que justifica estos ataques, pasando de ser considerados “errores” a “pérdida de protección” bajo el derecho internacional humanitario, basados en acusaciones de colaboración con el enemigo. Organizaciones como MSF enfatizan su estricta neutralidad, pero las acusaciones persisten en Gaza, Ucrania, Sudán y otros lugares.
Los ataques contra instalaciones y servicios médicos, ya sean deliberados o resultado de acciones militares indiscriminadas, privan a la población civil de servicios esenciales en momentos de extrema necesidad.
Los Estados, principales responsables
En 2023 y 2024, Israel fue responsable de los niveles más altos de violencia contra misiones médicas y humanitarias. Según la OMS, al menos el 53% de los ataques y el 67% de las muertes de personal médico en esos años ocurrieron en Palestina y Líbano, atribuyéndose la inmensa mayoría de estos ataques a las fuerzas israelíes.
El personal local es quien más sufre las consecuencias. Entre 2021 y 2025, los trabajadores contratados localmente representaron el 98% de los asesinados, según la Base de Datos sobre la Seguridad del Personal Humanitario (AWSD).
Palestina se ha convertido en uno de los epicentros de la violencia contra el personal humanitario, con niveles de agresión sin precedentes, especialmente contra los trabajadores palestinos, que constituyen el 98% de las víctimas mortales.
El derecho internacional humanitario establece la protección de los heridos y enfermos, así como la protección subsidiaria de los transportes sanitarios. Sin embargo, los desplazamientos son cada vez más peligrosos. Entre 2014 y 2020, 967 trabajadores humanitarios fueron atacados en “la carretera”. En el período posterior, de 2021 a 2025, esta cifra aumentó a 1.057.
La impunidad es un factor clave. Los Estados, responsables del 81% de los ataques en 2024 según la Coalición para la Salvaguarda de la Salud en los Conflictos Armados, no investigan adecuadamente ni exigen responsabilidades. Esta falta de acción, junto con la hipocresía y la doble moral de algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, se produce casi diez años después de la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que condenaba y pedía el fin de los ataques.
El derecho internacional humanitario prohíbe atacar instalaciones médicas y exige salvaguardar su capacidad y la del personal médico para prestar servicios vitales. La erosión de estas normas tiene consecuencias peligrosas para los civiles, como se evidencia en Gaza.
Más de 100 Estados han firmado la Declaración sobre la protección del personal humanitario, reconociendo la necesidad de revertir estas “tendencias mortíferas”. Si no se toman medidas decisivas, las normas fundamentales de la acción humanitaria, la atención médica y la protección de los civiles seguirán deteriorándose.
