El expolio de la Iglesia con el patrimonio de todos: Una investigación profunda
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Una investigación exhaustiva sobre décadas de inmatriculaciones ha salido a la luz, calificando la situación como un “expolio” y una “descapitalización sin precedentes” del patrimonio público en España. Los autores instan al Gobierno a revertir esta situación, afirmando que “hasta hoy, Iglesia y Estado son como hermanas siamesas que comparten el bolsillo”.
Un libro que destapa la realidad de las inmatriculaciones
El libro “El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia” analiza la inscripción de miles de bienes a nombre de la institución católica entre 1946 y 2015, sin las debidas garantías de propiedad. Los autores, Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, señalan que su objetivo no es “quitarle nada” a la Iglesia, sino “defender la legalidad democrática y el patrimonio público”.
Rodríguez, profesor de Derecho Civil, explica que la investigación examina la “simbiosis” entre Iglesia y Estado desde el Antiguo Régimen, un “expolio” que se produce en plena democracia, y se presenta como un “manual de futuro” para cuando el Gobierno decida separar Iglesia y Estado de forma definitiva.
Según los autores, la práctica de las inmatriculaciones ha convertido a la Iglesia en el principal propietario inmobiliario del país, con un 80% del patrimonio histórico en sus manos y más de cien mil bienes inscritos sin pruebas, según cálculos de la plataforma estatal Recuperando.
“Lo más grave no es que los obispos actuasen como fedatarios públicos, sino que únicamente lo hicieran para autocertificarse el dominio de aquello que no podían probar que les pertenecía”
Rodríguez critica el papel del Estado, que derogó una ley hipotecaria anticonstitucional en 2015, pero no declaró nulas las inmatriculaciones, así como la connivencia de los registradores y la pasividad social. Destaca el uso indebido que los obispos han hecho de los privilegios otorgados en 1946, una potestad de la que ni siquiera los notarios gozaban.
La Mezquita de Córdoba: Un caso emblemático
El libro analiza 16 casos relevantes en España, pero destaca la Mezquita de Córdoba. Para los autores, este monumento es la clave para desmontar cualquier argumento a favor de la inmatriculación. “Te duelen los ojos al comprobar que estamos ante un bien que incuestionablemente no ha construido la Iglesia; cuando la jerarquía católica llega a la Mezquita, ya estaba construida”, afirman.
Rodríguez argumenta que la Mezquita no se puede vender ni hipotecar, ya que es un bien de dominio público, y se pregunta por qué no existe una norma y un listado oficial que aclaren qué edificios se encuentran en esta situación en España, como sí ocurre en otros países.
Moreno explica que la Mezquita fue construida en el año 785 por el Estado Omeya para ofrecer un servicio público a los ciudadanos, utilizando recursos de todos los contribuyentes. Tras la llegada de la democracia, la Iglesia se quedó con este patrimonio histórico que se había construido con fondos de toda la comunidad.
“Es como si los médicos se quedaran con el hospital o los maestros con el colegio”, compara Moreno.
El autor se remite a la declaración de monumento nacional de 1882, cuando el Estado nombró a un arquitecto conservador, Ricardo Blázquez, para controlar el edificio, sin la participación de la Iglesia. Además, recuerda un incendio en 1910, tras el cual el obispo negó su responsabilidad sobre el pararrayos, argumentando que la Mezquita era incumbencia del Estado.
Del Prerrománico asturiano a los payeses catalanes
Otro caso polémico es el del Prerrománico asturiano, con Santa María del Naranco a la cabeza. La Iglesia inmatriculó los templos religiosos, pero no el palacio impulsado por Ramiro I, que se mantiene en un limbo jurídico. Rodríguez cuestiona al Gobierno asturiano: “¿A qué está esperando el Principado para declarar Santa María del Naranco bien de dominio público e inscribirlo en el registro con esa naturaleza?”.
Los autores también critican la situación de los payeses catalanes, a quienes la Iglesia pretendía arrebatar ermitas que los agricultores habían levantado y mantenido en sus territorios. “Cuando un día van a arreglar la ermita o a celebrar cualquier acto, los payeses se encuentran con que se las han quitado”, denuncian.
Rodríguez se refiere a casos como el de las propiedades comunales en Navarra, donde la Iglesia “se está quedando con ermitas dentro de fincas que no les pertenecen”.
El escándalo de las inmatriculaciones, cuya verdadera dimensión aún se desconoce, se ha visto favorecido por su complejidad y por la “falta de conciencia social”. Los investigadores señalan que las iglesias pueden pertenecer a la Iglesia cuando se han construido en su terreno, o cuando se le han donado, heredado o comprado, es decir, cuando son bienes privados, pero nunca cuando son de dominio público.
