El Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha lanzado una seria advertencia ante lo que define como una “oleada de desahucios inminente” en la provincia tras el fin del Escudo Social aprobado en el Congreso.

La organización, respaldada por la Coespe (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones) y la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), denuncia que la decisión de la mayoría parlamentaria formada por PP, Vox y Junts per Catalunya de tumbar por segunda vez la moratoria de desahucios “abre la puerta a un drama social de grandes dimensiones”.

La votación en el Congreso supone el final de una medida que mantenía en suspenso unos 70.000 procedimientos de desahucio en todo el país. En Cádiz, según los cálculos de las organizaciones sociales, más de 800 familias podrían perder su hogar de forma inmediata.

“Estamos hablando de familias trabajadoras, personas mayores, madres solas con hijos o pensionistas que no pueden hacer frente al alquiler. No son números, son vidas”, afirman desde el Sindicato de Inquilinas.

Durante los últimos años, la moratoria apenas logró frenar un 25 por ciento de los desalojos ejecutados, lo que para los colectivos demuestra que las medidas de emergencia son insuficientes y deben sustituirse por políticas estructurales de vivienda. “No basta con congelar los desahucios durante unos meses; necesitamos garantizar el acceso a la vivienda y limitar el poder de los grandes propietarios”, señalan.

El alquiler dispara la precariedad en Cádiz

La provincia se encuentra entre las zonas más afectadas por la escalada de precios.

El alquiler ha aumentado un 40 pro ciento en los últimos cinco años, mientras los salarios apenas han crecido un 20 por ciento.

A ello se suma la finalización de más de medio millón de contratos de arrendamiento en todo el país durante 2026, lo que, según los sindicatos, provocará miles de “desahucios invisibles”: familias que se ven forzadas a abandonar sus viviendas sin aparecer en las estadísticas judiciales.

En Cádiz, los colectivos sociales estiman que unas 15.000 familias se verán directamente afectadas por la subida del alquiler y el fin de contratos. “El mercado de la vivienda está completamente fuera de control”, lamentan. “Mientras los precios se disparan, los salarios y las pensiones siguen estancados, y la respuesta política ha sido retirar el poco escudo que quedaba”.

Lejos de las divisiones que algunos discursos políticos intentan generar, el movimiento de vivienda y el colectivo de pensionistas han estrechado lazos en defensa de un modelo social más justo.
“Quieren enfrentar a generaciones: a las personas mayores con las jóvenes, a quienes alquilan con quienes compran, pero todas sufrimos las mismas consecuencias de un sistema que convierte la vivienda y la vejez en mercancía”, explican desde la Coespe.

Según datos de las organizaciones, el 75 por ciento de las camas en residencias son privadas, con un coste medio mensual de 2.200 euros. Al mismo tiempo, la pensión media no supera los 1.400 euros, y más de cuatro millones de pensionistas viven con menos de 1.000 euros mensuales.

“La mercantilización de la vivienda y de los cuidados va de la mano.

Es el mismo modelo económico, y por eso luchamos juntos”, apuntan desde la PAH.

Protestas y denuncias en Cádiz

Tras la primera caída del Escudo Social, el pasado enero, el movimiento por la vivienda organizó una decena de concentraciones de urgencia. A finales de febrero, los días 21, 22 y 23, la movilización se extendió con fuerza gracias al impulso del movimiento pensionista, que convocó más de veinte actos en todo el país.

En Cádiz, la protesta del 23 de febrero reunió a numerosos colectivos sociales en la Plaza de San Juan de Dios, donde los manifestantes marcharon hasta la sede del Partido Popular para denunciar la responsabilidad de esta formación en el agravamiento de la crisis.

Durante la concentración, también se rindió homenaje a las cinco personas sin hogar fallecidas recientemente en la ciudad, un hecho que las organizaciones vinculan con la retirada de políticas públicas de protección y la falta de recursos municipales.

“No son muertes aisladas, son el resultado directo de un sistema que expulsa a las personas de sus casas y las deja morir en la calle”, declararon los portavoces.

El Sindicato de Inquilinas, la PAH y la Coespe coinciden en que no basta con reinstaurar la moratoria. Reclaman un conjunto de medidas integrales que transformen el acceso a la vivienda y protejan a los sectores más vulnerables: un parque público de alquiler asequible, control real de precios, ampliación de ayudas sociales y una ley estatal que garantice el derecho efectivo a la vivienda.

“Cada día que pasa sin medidas, los grandes propietarios acumulan más beneficios y las familias pierden derechos. La vivienda no puede seguir tratándose como un negocio”, sostienen las organizaciones, que anuncian nuevas movilizaciones si el Gobierno no actúa de forma inmediata.