
Sacrifican cerca de 90.000 gallinas en macrogranja de Mallorca tras orden del Govern Balear
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La empresa Avícola Son Perot S.A., operando bajo la marca Avícola Ballester, ha sacrificado cerca de 90.000 gallinas en sus instalaciones de Llucmajor, Mallorca, conocidas como la “macrogranja de los horrores”. Esta acción se realizó en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear.
Reducción obligatoria de aves: Una de las medidas exigía que la granja redujera su población de aves de casi 136.000 al límite de 40.000 animales, según lo establecido por la legislación autonómica. La granja se encontró en el centro de la atención mediática a finales de mayo de 2025, tras la publicación de imágenes que revelaban condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas.
Peticiones de santuarios ignoradas: A pesar de la solicitud formal de la Federación de Santuarios de Animales (FESA) para encontrar una “solución ética y urgente” que evitara la muerte de las aves, la empresa optó por el sacrificio masivo. La FESA había pedido detener esta medida cruel e innecesaria, ofreciendo alternativas que no comprometieran las medidas sanitarias necesarias para el traslado de los animales.
Infracciones y sanciones: El Govern de Marga Prohens impuso estas medidas después de que técnicos de la Conselleria y agentes del Seprona de la Guardia Civil confirmaran la existencia de siete infracciones graves. Inicialmente, se propuso una sanción de 420.000 euros, pero finalmente se impuso una multa de 200.100 euros por las faltas detectadas. La Conselleria argumentó que no tenía competencias en la gestión de las aves, trasladando la responsabilidad a la propiedad.
Críticas de organizaciones animalistas
Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, lamentó que el caso refleje la “cosificación de los animales” por parte de la empresa, enfocada en el beneficio económico, y de la administración, que muestra poco interés por el bienestar animal. Gimeno criticó que el dinero parece estar por encima de todo, incluyendo a las personas, los animales y el medio ambiente.
Cumplimiento de la medida cautelar: Tras una solicitud de transparencia, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural confirmó el cumplimiento de la medida cautelar por parte de la macrogranja. Una veterinaria oficial verificó que, el 2 de diciembre de 2025, la granja había reducido su población de aves por debajo del límite de 40.000 gallinas.
Resolución y sacrificio: Fernando Fernández, director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ordenó la suspensión parcial de la actividad de producción y reproducción avícola, prohibiendo la entrada de nuevas aves y exigiendo la reducción progresiva hasta el límite establecido. La empresa optó por sacrificar a las aves, a pesar de las ofertas de santuarios para acogerlas y garantizarles una vida digna.
Ofertas de rescate: La FESA ofreció el traslado de los animales a una red de santuarios asociados, con la colaboración de organizaciones como Salvando Peludos para el transporte y financiación ciudadana para el rescate. La federación exigió al Govern balear facilitar los permisos necesarios, asegurando el cumplimiento de los protocolos sanitarios pertinentes.
Archivo de la causa judicial y recurso
Tras la denuncia inicial sobre la situación de la macrogranja, las entidades animalistas y la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor presentaron varias denuncias ante los órganos judiciales. Inicialmente, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma abrió diligencias penales contra Avícola Ballester por presunto maltrato animal.
Sobreseimiento y recurso: Sin embargo, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no se había acreditado la comisión de ningún delito por parte de la empresa, argumentando que las deficiencias detectadas correspondían a infracciones administrativas ya sancionadas. Lorenzo Peñas, abogado de la Asociación Stop Macrogranja, presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Balears, respaldado por las entidades denunciantes.
Críticas al sistema legislativo: Gimeno criticó la falta de protección animal en el sistema legislativo actual, lamentando que las imágenes del horror en la granja no fueran suficientes para considerar maltrato animal. “Visibilizar esta realidad es primordial para que empecemos a generar un cambio legislativo y social”, concluyó.












