Nueva Ley de Aceleración Industrial de la UE: Impulso a la Producción Europea y Restricciones a la Competencia Externa
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La Comisión Europea ha presentado la Ley de Aceleración Industrial (IAA), una iniciativa destinada a fortalecer la industria manufacturera europea y reducir la dependencia de proveedores externos, especialmente de China y Estados Unidos. El objetivo principal es elevar la contribución de la industria manufacturera al 20% del PIB de la UE para 2035.
Requisitos de “Hecho en la UE” para Acceder a Fondos Públicos
La IAA introduce criterios estrictos de “Hecho en la UE” y bajas emisiones de carbono para las empresas que deseen acceder a la contratación pública y obtener apoyo financiero de la UE. Por ejemplo, a los seis meses de la aprobación de la ley, el 70% de los componentes de un vehículo eléctrico (excluyendo la batería) deberán ser fabricados en la UE. En un plazo de tres años, tanto los inversores como las celdas de los paneles solares deberán ser de origen europeo.
Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, destacó que esta ley impulsará la demanda de productos europeos, fortalecerá las cadenas de suministro en sectores estratégicos, creará empleo y reducirá las dependencias económicas.
Sectores Afectados
La IAA impacta principalmente a la industria manufacturera, con especial atención a los sectores de uso intensivo de energía, la cadena de valor del automóvil y las tecnologías de cero emisiones. Se imponen requisitos de bajas emisiones de carbono para el acero utilizado en la automoción y la construcción, así como criterios de “Hecho en la UE” y bajas emisiones para el cemento y el aluminio en la construcción y la automoción, respectivamente.
En el ámbito de las tecnologías de cero emisiones, la ley establece requisitos de origen europeo para baterías, sistemas de almacenamiento de energía, energía solar fotovoltaica, bombas de calor, energía eólica, electrolizadores y tecnologías nucleares.
Contratación Pública como Herramienta Estratégica
Dado que la contratación pública representa aproximadamente el 15% del PIB de la UE, se considera una herramienta clave para evitar dependencias críticas y fortalecer las cadenas de suministro europeas. La medida propuesta permite a las autoridades excluir de las contrataciones públicas a operadores económicos controlados por entidades de terceros países que no garanticen un acceso recíproco.
Aunque se contemplan excepciones para países con acuerdos comerciales con la UE, la Comisión Europea se reserva el derecho de excluir a terceros países que no ofrezcan un trato equitativo a los productos o entidades de la UE, o para evitar situaciones que amenacen la seguridad de suministro dentro de la Unión.
Exigencias por Sectores y Productos con Plazos Definidos
La ley establece requisitos específicos de origen y sostenibilidad para acceder a contratos públicos y esquemas de apoyo, según el sector y el producto:
- Acero: Se requerirá un 20-25% de acero bajo en carbono en obras públicas y construcción automotriz.
- Cemento y Aluminio: Se exige un 25% de contenido bajo en carbono para enero de 2029.
- Vehículos Eléctricos e Híbridos: A los seis meses, el 70% de los componentes deben ser de origen UE, con requisitos específicos para las baterías.
- Sistemas de Almacenamiento de Baterías: Se establecen requisitos progresivos para el origen europeo de los componentes.
- Energía Solar: Se busca relocalizar componentes críticos como los inversores, exigiendo su origen europeo en un plazo de tres años.
- Energía Nuclear, Eólica y Bombas de Calor: Se definen plazos para la incorporación de componentes de fabricación europea.
- Electrolizadores: Se establecen requisitos para el origen europeo del producto final y sus componentes.
Control de la Inversión Extranjera
La IAA también busca evitar la extracción de valor añadido y tecnología de la UE a través de inversiones extranjeras. Se imponen condiciones estrictas a las inversiones superiores a 100 millones de euros en sectores estratégicos emergentes, especialmente si el inversor proviene de un país que controle una parte significativa de la capacidad mundial de fabricación en ese sector.
Disparidad de Opiniones entre los Países Miembros
Mientras que Francia ha abogado por una norma estricta, Alemania ha intentado reducir su alcance, especialmente debido a su industria automovilística, que depende de componentes de fuera de la UE. Los países más pequeños también han expresado su preocupación por una propuesta que podría favorecer a las grandes corporaciones de los países más grandes.
Beneficios Potenciales
A pesar de las diferencias, la Comisión Europea estima que la medida podría generar más de 600 millones de euros de valor adicional en las industrias del acero, el aluminio y el cemento para 2030, y hasta 10.500 millones de euros en la cadena de valor del sector automovilístico. Además, se espera la creación de decenas de miles de empleos y un ahorro significativo en emisiones de dióxido de carbono.
